El 30 de julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas. Oportunidad propicia para que hagamos una reflexión sobre el nuevo contexto COVID y cuáles son las nuevas señales y formas de operar de las redes de trata de personas. En este sentido las redes de trata de personas aprovechan la vulnerabilidad de las personas durante la crisis humanitaria causada por la COVID-19, algunas de las cuales revisamos en este artículo. Estas vulnerabilidades están ocasionadas principalmente por el aumento del desempleo, la falta de acceso a servicios de salud y educación, el aumento de la violencia y el aumento de las restricciones para el desplazamiento.
Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una red de más de 500 expertos internacionales en derechos humanos, las redes de trata tienen la capacidad de adaptar sus operaciones para capitalizar el impacto socioeconómico de la pandemia. La agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, advierte igualmente que estos ajustes en su “modelo de negocios” son muchas veces posibles a través del abuso de herramientas tecnológicas.
Como ejemplo de estos ajustes, la Iniciativa Global advierte de un posible incremento de la captación en línea, considerando que ahora los personas y especialmente los menores pasan mucho más tiempo encerrados en sus casas y utilizando internet debido al cierre de las escuelas.
Algunos tipos de trata de personas pueden generar menores ganancias debido a la pandemia, y en estos casos los tratantes se adaptan moviendo a sus víctimas a labores con productos de mayor demanda, como el trabajo forzado en agricultura o la explotación sexual de menores en línea.
Aunque es un fenómeno aun no estudiado con profundidad, algunos comercios o empresas que anteriormente pudieran no estar realizando prácticas explotadoras con sus trabajadores en el contexto de la pandemia pueden verse tentados a recurrir a constantes amenazas de despido, lo que coloca a los empleados en situación de vulnerabilidad, incluyendo por ejemplo la aceptación de nuevas condiciones poco favorables: jornadas más largas, pago menor, etc.
Por otro lado, dada la pérdida de ingresos económicos de la población, muchos tratantes llegan con ofertas “salvavidas” para aliviar su situación, lo que significa captación para trabajo informal, servidumbre, trabajo sexual o inclusive para que se unan a la misma red como criminales.
En cuanto a la respuesta institucional, nuestras instituciones también están trabajando fuertemente en su propia adaptación a esta nueva realidad para asegurar así que la fiscalización por parte de las autoridades este acorde con las necesidades en términos de recursos humanos, preparación y acceso a recursos tecnológicos adecuados. Por otra un tema también de la mayor importancia es asegurar que las organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo en casos de trata de personas no pierdan recursos para mantenerse operativas en la lucha contra este flagelo.
El brote de COVID-19 ha obligado a los estados, organismos de cooperación internacional y autoridades en general a repensar la manera en que se abordan las problemáticas sociales que se han visto impactadas por las medidas sanitarias, incluidas las restricciones a la movilidad. Es necesario que se estudien a fondo los cambios en el comportamiento de las redes criminales para poder plantear medidas de prevención y asistencia a víctimas según las características específicas que toman los delitos en el contexto de la pandemia; y con esta base de conocimientos realizar también los ajustes institucionales y de las normas vigentes que esta nueva realidad demanda.
