Estados Unidos
tiene décadas planteando una política exterior de seguridad regional que responda a sus intereses nacionales para una preservación territorial y geopolítica. Estos intereses son trasladados a través de la construcción de una política de seguridad hemisférica en la que se determinan a las propias amenazas estadunidenses como enemigos regionales. Uno de estos pilares es la lucha contra el narcotráfico y México es epicentro de ello. Sin embargo, los matices en desarrollar el combate contra las drogas bilateral no conllevan necesariamente a una reforma integral de las políticas antinarcóticos que han estado marcadas por la continua militarización en nuestro país.
El manifiesto fracaso en la reducción del narcotráfico y la penetración política, militar y civil de las organizaciones criminales ha empujado la relación bilateral a un punto de inflexión. De tal manera que a raíz del “affaire” Cienfuegos y sus secuelas dentro del ánimo en las relaciones del gabinete entre civiles y militares de la cuatroté, de manera silenciosa desde Palacio Nacional y la cancillería se comenzó el trabajo para armar el borrador del documento que sería presentado como iniciativa para reformar la Ley de Seguirdad Nacional en materia de agentes extranjeros.
La dedicatoria es evidente. El trabajo de la DEA en suelo mexicano pasó de ser un asunto bilateral coordinado y construido por años basados en la confianza mutua a una descoordinada agenda unilateral que hizo implosión en la era Trump-López Obrador.
El mensaje del Ejecutivo mexicano al presidente electo Joe Biden con la aprobación de la referida iniciativa en el Senado hace unos días regulando la presencia de agentes extranjeros en México como un principio de orden, reciprocidad y ordenamiento ha modificado de tajo la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El presidente justificará el nuevo modelo basado en el respeto a la soberanía para parar en seco las actividades de cualquier agente extranjero en nuestro país. Falta esperar la reacción del nuevo gobierno estadounidense después del 20 de enero. En ese ámbito baila también el juicio contra García Luna y la probable desclasificación de algunos documentos de la investigación contra el general Cienfuegos si no se presentan avances por parte de la fiscalía de Gertz Manero.
López Obrador ha declarado que no habrá impunidad pavimentando la ruta jurídica que caminará el divisionario.
Es inadmisible juzgar a toda una institución —pese a que el presidente con sus intempestivas declaraciones resbaló en el suelo verde olivo— por el mal comportamiento de una parte de sus miembros. ¿Qué problemas causará la corrupción a la institución militar en el contexto actual de la narrativa presidencial contra la misma?
Porque a dos años de gobierno el mantra predicador de la moralización transformadora tropieza y da tumbos enfilándose al abismo de una caída libre.
POR LA MIRILLA
1. La pandemia está fuera de control y el repunte de contagios y decesos exhibe la nula estrategia en la hoja de ruta para salir de la crisis. La obsesión presidencial de controlar el semáforo Pantone de naranjas en la CDMX exhibe realmente quien manda (de facto) aquí.
La política pisoteando la ciencia es el botón de la 4T al tiempo que se desborda la capacidad hospitalaria.
Infame, por decir lo menos.
2. Permitir la vulneración en la autonomía del Banco de México por el fracaso en los consensos políticos, económicos y legislativos de una polémica iniciativa en materia de captación de divisas dando la salida a la ruta “fast track”, debe ser analizado con cuidado. La responsabilidad de estudiar lo aprobado en el Senado aterrizará en breve en la Cámara de Diputados.