Las relaciones entre narcoviolencia y narcoterrorismo deben ser analizadas con cuidado y dejar de lado el hígado y la simulación que suelen acompañar a algunas justificaciones del rebaño moreno transformador.
Amplias zonas del país están sumidas en una escalada de violencia acompañadas de un absoluto desafío de las organizaciones criminales empoderadas por este gobierno con sus abrazos.
Los hechos todos los días demuestran el fracaso en materia de seguridad y el desprestigio acompaña a la Guardia Nacional al ser incapaz de llevar a cabo exitosamente su función; no da resultados en casi ninguna área de responsabilidad, sin embargo, falta su debut internacional próximamente en el Mundial de Qatar , donde los mexicanos se encontrarán con una serie de reglas y restricciones al calor de la pasión futbolera.
El sistema ha sido corrupto y corruptor en varias esferas institucionales por décadas. Administrar desde el 2018 este desastre disfrazado de transformación ha desdibujado el orden del caos. El cacareado cambio ha tenido consecuencias de proporciones gigantescas y resultados de pronóstico reservado.
Pese a que terrorismo es un concepto elusivo y ambiguo en su definición, un acto de esta índole no depende del instrumento utilizado, bien se pueden lograr sus efectos con rifles de asalto, atropellamientos planeados, bombas caseras o simples navajas.
Nadie debe hacerse bolas diría el clásico; el terrorismo es el uso de la violencia para introducir un estado de temor y sumisión de la(s) víctima(s) teniendo como objetivo asegurar el cambio de conducta y/o comportamiento.
México está experimentando una arista doméstica de terrorismo. Los eventos de hace varios días lo documentan pese a la propaganda mañanera distractora y la conocida repartición de culpas ante el pasmo del Estado. Ya no importa si fue un operativo fallido, mal planeado y ejecutado que regresa el “culiacanazo” a la memoria colectiva, la incertidumbre cubre el presente y el futuro previsible.
Las declaraciones del embajador estadounidense Ken Salazar no dejan espacio para las dudas, “resolver la inseguridad es aún más importante que resolver temas de inquietud en el T-MEC”.
No hay tema, asunto y cuestión más importante y fundamental que atajar y combatir que este flagelo. Y para esto López Obrador ha enfilado al Ejército, Guardia Nacional y marinos para esta compleja tarea.
La confianza del Presidente en nuestras fuerzas armadas parecía no tener matiz alguno, aunque en las conclusiones preliminares de la investigación del gobierno federal sobre los hechos que ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 presentan peculiaridades; la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa constituyó un “ crimen de Estado ”, señaló el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, desde Palacio Nacional.
Confirmó que la organización criminal Guerreros Unidos actuó con apoyo de elementos de seguridad pública municipal, estatal y federal, miembros de nuestras fuerzas armadas y agentes del Estado.
El diagnóstico es brutal y tendrá —tarde o temprano— consecuencias jurídicas en la arena doméstica y probablemente internacional. ¿Los mandos militares involucrados podrían ir al patíbulo para salvar cara de aquellos funcionarios civiles?
Los abusos y violaciones a los derechos humanos están más presentes en la era de los abrazos presidenciales. Ocultarlos en el torbellino de la propaganda cuatroté es una medicina paliativa para un cáncer que golpeará la línea de flotación castrense en lo que será una ola de escándalos de corrupción, dispendios y excesos.
La disyuntiva es quién(es) pagará(n) el costo y a qué costo cuando las partes beligerantes crean que ya no hay nada que perder…
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