La corrupción es endógena al proceso político por ende, la misma es institucionalizada y su nivel y clase dependen del régimen político en el país. Una de las promesas de López Obrador ha sido el combate al flagelo que desangra la vida institucional sin embargo, en su narrativa diaria las palabras no siempre han estado acompañadas por los hechos. El Ejecutivo pretende instalar en el colectivo la idea de que en su gobierno la corrupción no existe y lo mismo sucede con los asuntos que han golpeado irremediablemente la línea de flotación de la cuatroté.
El resultado de los brazos abiertos en la política migratoria han sido devastadores colocando a México en una situación de latente tensión con el gobierno de los Estados Unidos junto con los abrazos para las organizaciones delictivas que elevan su desafío contra un ausente Estado mexicano. Miles de migrantes debajo de un puente —sin que se hayan activado las alarmas mexicanas— creando una crisis bilateral, un cártel detonando explosivos para que aprendan a respetar y una FGR con agenda personal.
La coyuntura social prende las alarmas en Chiapas alertando de una “guerra civil” donde hace tiempo hay ebullición en la región en una mezcla donde convergen intereses del crimen organizado, magisterio, grupos de indígenas y el (des)gobierno estatal y local.
México arde en varios frentes y el Ejecutivo continúa su hoja de ruta de polarización apostando que su propaganda desvíe la atención de una realidad que puede desencadenar un peligroso efecto dominó.
En materia de seguridad se ha aceptado que hay una guerra, el discurso de Rosa Icela Rodríguez en su comparecencia en el Senado expresando que en la cuatroté “no venimos a ganar la guerra sino a ganar la paz” constata la aceptación de un conflicto bélico doméstico, no desmentido o matizado, que rebasa la actuación de nuestras fuerzas armadas hoy plegadas a los deseos presidenciales.
La cacareada construcción de paz —término que no se entiende— en esta administración es, a tres años, un rotundo fracaso. El contexto de inseguridad, impunidad y nulo estado de Derecho en varias regiones del país mantiene inquieta a una parte de la comunidad internacional que observa una pérdida de control de una parte del territorio nacional hoy gobernado por claros intereses delincuenciales. El activismo en redes sociales de embajadores exhibiendo sus viajes y reuniones a varios (de los ¡50!) estados claves indica la gestión de riesgos, una falta de confianza en la información oficial y un genuino interés por incidir y conocer la problemática de los asuntos in situ.
No es suficiente la narrativa mañanera de los “otros datos” para explicar el desorden, la creciente impunidad y la inestabilidad surgida por tanto abrazo.
Señales recientes han sobrado de México para el mundo y viceversa, y los caminos para el intercambio de inquietudes pasan también por la vía diplomática de las agregadurías militares. Y en sus escenarios de mediano plazo hay probabilidades de que converja la incontrolable espiral de violencia con la crisis migratoria —que ya es humanitaria— y social.
El análisis y la prospectiva en despachos de países con inversiones en nuestro país no es optimista y se estudian escenarios para el manejo de la incertidumbre; han perdido la confianza en este gobierno gracias a la inestabilidad en el péndulo emocional presidencial y la ilimitada terquedad de López Obrador que considera que todo aquel que disienta está manipulado por manos oscuras o padece una tara psicológica.
Desafiar los límites de la realidad propia y querer imponerla no es una fórmula pertinente en estos tiempos aciagos y mucho menos en una coyuntura donde los actores internacionales están realineando sus intereses en la región.
@GomezZalce
