En el “ Informe Mundial 2022: Tendencias de los Derechos en México ”, la organización de derechos humanos no gubernamental HRW (Human Rights Watch por sus siglas en inglés) expuso que el país registró un récord histórico de violencia e impunidad. Destacando además que México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y señalando a la cuatroté como un gobierno con inclinaciones autocráticas que mantiene la tendencia de sus antecesores registrando graves violaciones a los derechos humanos cuyos hechos suelen quedar impunes.
Esto, lejos de haber sorprendido, afianza el fracaso estrepitoso en materia de seguridad de la política de los abrazos presidenciales, México cerró el año pasado con más de 109 mil desaparecidos enmarcando el cuadro dantesco y la angustia y dolor de millones de familias que en muchas ocasiones han sido expulsadas de sus lugares de origen a causa de la escalada de violencia.
Los responsables de ese México rojo son las organizaciones criminales y su disputa por territorios en el trasiego de drogas y la diversificación de sus actividades delictivas que alcanzan de manera alarmante la esfera política, social, de producción y empresarial sin importar el tamaño del negocio.
Sin haber logrado la cacareada pacificación empezando el quinto año de gobierno, López Obrador construye narrativas distractoras y echa mano de la institución castrense como pilar de cualquier asunto relevante en su agenda de prioridades.
El fracaso integral en algunos rubros será endosado a los militares, faltaba más.
En este escenario de violencia que impacta en la percepción de seguridad regional, México le guiña el ojo al gobierno de Biden y previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte captura al c(h)apito hijo del criminal Guzmán Loera , que lloriquea por sus derechos humanos en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos.
A través de su abogado le solicita en el micrófono del programa de Ciro Gómez Leyva al humanista López Obrador —el día que inicia el juicio contra García Luna, el timing no es coincidencia— que por favor haga los trámites para ser trasladado a México a cumplir su sentencia. En la misma línea de tiempo el c(h)apito Guzmán López, liberado por el Ejecutivo en aquel vergonzoso “culiacanazo”, hace maromas jurídicas para evitar la extradición. Es sabido que no había orden de aprehensión en su contra en la cuatroté de los abrazos y Estados Unidos ha enviado la señal sin tintes diplomáticos que el delincuente sea extraditado para enfrentar los cargos por los que se le acusa.
Es en esta coyuntura donde se dan los mensajes bilaterales simbólicos sobre la disonancia en la visión estratégica de las amenazas regionales.
El Presidente le contesta al encarcelado compungido que “...lo vamos a revisar, cuando de derechos humanos se trata, hay vías”.
¿Acaso no se sopesa la magnitud de esa frase en el actual contexto mexicano? La puerta se abre para un sinfín de lecturas desde el micrófono mañanero en la esfera doméstica, pero en el rubro internacional coloca nuevamente a este gobierno en la burbuja de la empatía por organizaciones criminales.
Relato que hace tiempo se está construyendo y que en este año convergerá con el timing —que tampoco es coincidencia— del caso García Luna donde, entre muchos factores, en el banquillo de los acusados estarán el gobierno de México y el de Estados Unidos en un camino de escándalos de dos sentidos.
La apuesta por un juego de suma cero bilateral en plena campaña electoral y con sucesiones desbordadas es por decir lo menos, muy audaz.
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