La crisis del agua es la faceta más aguda, penetrante e invisible de la devastación ecológica de la Tierra. En 1995 el entonces vicepresidente del Banco Mundial hizo su multicitado pronóstico: “Las guerras de este siglo se libraron por el petróleo, pero las del siguiente siglo se librarán por el agua”. Si bien estuvo en lo cierto acerca de la importancia del agua en los conflictos del futuro, estas batallas no son cosa del mañana. Nos rodean ya pero no siempre son fácilmente identificables. Estas luchas son guerras paradigmáticas —conflictos como manera de percibir y vivir el agua— y tradicionales que son libradas con armas por el agua entre regiones, dentro de países y en comunidades y la violencia política suele derivarse de conflictos por los recursos hídricos.
Es posible rastrear conflictos activos entre países asociados con las disputas por el acceso compartido a las fuentes de agua como es el caso de México con Estados Unidos por el uso y acceso a las aguas del río Bravo, Tijuana y Colorado firmado en 1944 en el Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales que establece, por cierto, que no se deben utilizar las aguas almacenadas en las presas sino sólo la de los escurrimientos y las demasías.
Chihuahua
es hoy epicentro de un conflicto cuya narrativa presidencial gira alrededor del mencionado Tratado, los conservadores, el pasado neoliberal y los conocidos enemigos de la 4T. Pero hay otros datos:
El desorden institucional federal, la omisión del gobierno estatal, el desdén de legisladores locales y federales y la preocupación de los agricultores que ven atropellados sus derechos de concesión del agua en las presas para sus ciclos agrícolas ha desencadenado una disputa de pronóstico reservado.
La ausencia de la política, el uso de la fuerza por elementos de la Guardia Nacional contra el pueblo en la toma de la presa La Boquilla están generando una tensión en un conflicto que López Obrador alimenta desinformado desde el púlpito mañanero.
No sorprende que una vez más el operativo ordenado por el Ejecutivo en una reunión de alto nivel haya fracasado en su implementación y cargue con la muerte de Jessica Silva cuyo esposo Jaime Torres está grave sin que se haya aclarado el hecho y deslindado responsabilidades.
Las circunstancias de la represión militar contra civiles derrumbaron la cantaleta de no usar al ejército para reprimir al pueblo bueno y sabio y son leña fresca al conflicto que está escalando el gobierno federal al medir fuerzas con autoridades locales —con la entrada de la UIF— y con los agricultores que se han organizado en un Movimiento de la Defensa del Agua plasmando sus demandas en un pliego de 9 puntos donde en uno de ellos se exige el retiro de la Guardia Nacional de las presas.
La situación es delicada y amenaza no sólo con contaminar a otros estados sino la estabilidad de la región —golpeada además por la delincuencia organizada— si no prevalecen la mediación y el diálogo.
Sin ruta de análisis la interpretación crítica de la problemática del campo en esa zona se nutre de desinformación, miedo y agravios entre la población. De tal manera que el conflicto se está revelando a través de las tensiones, divergencia de criterios en Palacio Nacional y del rol flexible, de acuerdo a los intereses presidenciales, de su Guardia Nacional.
El desafío es que se comprenda la realidad y se realicen acciones que favorezcan una gestión pacífica y una salida política consensuada entre las partes antes de cruzar el Rubicón y seguir sumando más frentes abiertos…
@GomezZalce
