La cadena de seguridad y justicia se integra por cuatro grandes capítulos, mismos que se entrelazan para obtener con ellos los mejores resultados hacia la sociedad. Estos componentes son la seguridad pública propiamente dicha, la procuración de justicia, la administración de justicia y la reinserción social, a reserva de proponer un quinto eslabón y que por sí mismo iniciaría la secuencia. Esta nueva pieza apela a la prevención en general y se logra en la medida que la persona se desenvuelva en el marco de las mejores condiciones de vida, tanto en el seno familiar como en el sistema educativo, la protección de su salud, su entorno urbano o rural, la formación cívica y su capacidad para el cumplimiento de la ley. Este es el contexto que cualquier gobierno debiera procurar y acercar a la población a la que sirve.
El concepto que se refiere a la seguridad pública y que da cabida al análisis integral de la policía es el que inicialmente comentaremos en ésta, la primera entrega de otras que presentaré.
La actividad policial exige elementos con vocación y formación que, de acuerdo con diversos indicadores que revisten características genéricas, todas ellas representantes de valores universales necesarios para cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas. Asimismo, hay lugar para referir atributos específicos correspondientes al grado de competencia o de jerarquía al que pudieran ser asignados los elementos.
En términos de división policial, consideremos los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), que comentaré someramente para marcar sus características diferenciadas, que deben vincularse y complementarse entre sí. En el primer nivel de gobierno se han desarrollado las funciones de orden federal, ejercidas por instituciones o agrupaciones reconocidas desde hace décadas. Ejemplifico entre ellas a la Policía Federal de Caminos, la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal Ministerial y, desde luego, la Policía Federal.
Ahora, haré referencia a los policías ubicados en el segundo y tercer niveles de gobierno: los estatales y municipales.
Ha sido de mi parte una lucha permanente y un esfuerzo constante el hacer saber que, si en ambos niveles no contamos con la mejor y más completa organización policial, nunca tendremos la seguridad pública que exigimos y merecemos. Pareciera que esto lo hemos olvidado. Se insiste en muchos ámbitos responsables de estructurar la mejor seguridad pública en el país, sólo en el nivel federal, y hemos dejado casi a la generación espontánea el segundo y tercer nivel de atención para el ciudadano.
Estoy convencido de que si esto hubiéramos desarrollado desde la pasada administración, hoy contaríamos ya con un cuerpo policial presente e integrado en términos administrativos y operativos entrelazados para conocer oportuna y eficientemente la información de lo inmediatamente ocurrido en la nación y aplicar en consecuencia las medidas de solución correspondientes.
Sí, reconozco que existen las policías estatales, pero, ¿son las apropiadas?, ¿han sido bien seleccionadas y capacitadas?, ¿establecen programas pertinentes para cumplir con las necesidades de su área encomendada?, ¿son supervisadas y evaluadas? Y, lo más importante, ¿sostienen vínculos con los niveles primero y tercero de seguridad pública para la coordinación operativa, el manejo y análisis de información, así como la inteligencia que de ello deriva? La respuesta es en sentido negativo, priva la ausencia o en su caso, la fragmentación e improvisación.
¿Cómo podríamos suponer que en este escenario se llegó a ofrecer el Mando Único Estatal, cuya condición sine qua non, exigía presencia, integración y complementariedad?
Hoy día, como ya lo manifestamos en algunos estudios, además de incorporar forzosamente los cuerpos de seguridad de las 32 entidades federativas, se precisa elegir entre 150 y 175 municipios en lugar del total formado por las 2 mil 457 alcaldías del país. Esta selección obedecería a las condiciones demográficas y/o de alto riesgo delictivo que muestran la justificación para ser las iniciadoras del programa de seguridad del tercer nivel de gobierno.
Esta fórmula que hoy comento no es exclusiva; ha sido compartida en repetidas ocasiones y escrita por expertos que me merecen profundo reconocimiento.
Así, con programas efectivos, suficientes y con la oportunidad requerida, la seguridad pública tan anhelada, encontraría los medios para procurar resolver el gran daño que la comisión del delito produce en nuestra ciudadanía. ¿Cuánto habremos de esperar aún?
Excomisionado nacional de seguridad
