Recientemente han surgido sucesos que ameritan la reflexión pública, no solo la denuncia.
Así que el presidente AMLO señaló que, según declaración de Lozoya Austin, se había comprado el voto de muchos legisladores para que aprobaran la reforma energética que se promulgó en diciembre de 2013. El exdirector de Pemex asegura que entregó sobornos a varios legisladores para que aprobaran la reforma constitucional que permite la inversión privada nacional y extranjera, en los sectores de petróleo, electricidad y gas, que fue aprobada por mayoría calificada con votos del PRI, del PAN, y del Partido Verde, principalmente.
Fui Diputado Federal en la 61 y 63 legislatura y puedo asegurar que el Congreso de la Unión es una escuela de la corrupción. Esto sucede fundamentalmente por la discrecionalidad y la falta de transparencia que existe en el manejo de los recursos presupuestales que se asignan a los grupos parlamentarios.
Una vez trasferidos los recursos a los grupos parlamentarios, se manejan con total discrecionalidad y opacidad por los coordinadores, ya que no necesita ser comprobado su gasto, lo que permite a los líderes de los grupos hacer y deshacer con el recurso sin tener que rendir cuentas absolutamente a nadie.
Esta discrecionalidad permite a los coordinadores la llamada disciplina partidaria en el voto de las iniciativas a través de premios en numerario a sus compañeros parlamentarios y especialmente a su círculo cercano.
Existe mucha corrupción en la administración de las cámaras ya que hay muchas compras a proveedores de bienes y/o servicios recomendados por integrantes de la mesa directiva y la junta de coordinación política cual vil reparto del botín.
Son conocidos también los famosos “moches” por la gestión de recursos, por el tráfico de influencias y gestiones diversas con el sector público o privado. Asimismo se autoasignan “bonos extraordinarios” que se reparten proporcionalmente para legisladores de los distintos grupos partidistas.
Es común el conflicto de intereses y el tráfico de influencias en las comisiones legislativas, ya que el poder ejecutivo es tradicionalmente expedito para ofrecer a los legisladores la oportunidad de hacer “negocios” convirtiéndolos en proveedores del Ejecutivo, “bajando recursos” y apoyos para sus negocios o gestiones y que así se conviertan automáticamente en cómplices y poder tenerlos agarrados y bajo control para efecto de sus votos legislativos.
Otro caso de corrupción legislativa sucede a través de los gobernadores, ya que estos les dan recursos extraordinarios e igualas a los legisladores federales de sus estados y de esta forma mantienen control sobre los votos de los legisladores federales.
Finalmente es importante preguntarnos, ¿Cómo pagan el impuesto ISR los legisladores? ¿lo hacen solo por los ingresos de la dieta o por la totalidad de los ingresos que reciben? el SAT tiene toda una tarea por realizar en este tema.
Felipe Tena Ramírez, el famoso constitucionalista mexicano, nos dice: “la representación popular exige independencia de criterio, ausencia de vínculos de subordinación o de obediencia… es preciso asegurar a los legisladores una absoluta independencia en ejercicio de sus funciones, con el objeto que los demás poderes no estén en aptitud de coartarlos en su representación”.
¡Hoy sabemos que la actividad legislativa está subordinada a la voluntad del ejecutivo y que esta subordinación es autoprovocada, se venden!
Ingeniero industrial y empresario
