El presidente López Obrador es un demagogo que miente deliberadamente a sus seguidores. Así lo ha hecho atacando al Inai, acusándolo como un órgano burocrático, costoso, “que no sirve para combatir la corrupción”.
¿Por qué AMLO ataca al Inai y quiere desaparecerlo?
El Inai es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y su misión es “garantizar en el país los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales; así como promover la cultura de transparencia, rendición de cuentas y el debido tratamiento de los datos personales”.
El derecho de acceso a la información pública es parte del derecho humano a la información contenido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 6º. de nuestra Constitución.
Este ha tenido una evolución legislativa desde su reconocimiento en 2002 y esos cambios han sido bajo el principio de progresividad, es decir, se ha ido ampliando el derecho de acceso a la información pública, dotándolo de una estructura jurídica e institucional para que no solo se nos reconozca el derecho, sino que exista la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo.
Esto ha sido posible gracias a instituciones autónomas como el Inai, que se sustenta en los principios de máxima publicidad de información pública, la difusión por oficio de la información de interés público, la promoción de la cultura de la transparencia auxiliada con tecnología como la plataforma nacional de transparencia (PNT) y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.
México ha avanzado en este derecho de acceso a la información que generan todos los órganos del Estado que usan recursos públicos o ejercen acciones de autoridad en estos casi 22 años, desde que el entonces diputado perredista Luis Miguel Barbosa presentó la primera iniciativa sobre el tema titulada “Ley de acceso a la información en relación con los actos administrativos y de gobierno del Poder Ejecutivo de la unión”.
En su exposición de motivos, Barbosa (morenista, QEPD) consideró que la legislación electoral posibilitó la alternancia pacífica del poder, “por lo que es necesario una segunda etapa para legislar en materia del derecho de acceso a la información pública para supervisar y controlar de manera efectiva la actividad del Estado, desde la perspectiva de control ciudadano de la gestión pública.” (Gaceta Parlamentaria, 11 de julio de 2001).
El presidente Vicente Fox presentó la iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información el 30 de noviembre de 2001; mientras un grupo plural de diputados donde destacan Beatriz Paredes (PRI), Martí Batres y José Narro Céspedes ambos entonces PRD y ahora Morena; y José Antonio Hernández (PRI), entre otros, hacen suya la propuesta del Grupo Oaxaca y el 6 de diciembre de 2001 presentan la iniciativa que en su exposición de motivos explica que es “con el fin de mantener debidamente informada a una sociedad que reclama saber (…) las acciones y decisiones que toman en su nombre y con su dinero” (Gaceta Parlamentaria, 6 de diciembre de 2001).
Así la comisión de Gobernación dictaminó sobre estas 3 propuestas y se aprobó por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, el 24 de abril de 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental con 411 votos a favor con igual número de diputados presentes.
Estos son los antecedentes de este derecho ciudadano que tanto le molesta a López Obrador.
