El tema del personal académico contratado exclusivamente para impartir clases en la educación superior mexicana, ha salido a la luz a partir de la inconformidad y las movilizaciones que ocurren en la UNAM por la falta de pago a secas (o a destiempo e incompleto) de su salario y prestaciones durante la pandemia.
En números redondos, de las 400 mil personas que integran la planta académica en el país, 80% (320 mil) mantienen vínculos laborales de tiempo parcial con las instituciones. El resto cuenta con modalidades contractuales de tiempo completo o equivalentes.
Es un error considerar a este enorme universo de docentes un todo homogéneo. Los unifica, sí, un tipo de vínculo centrado en la coordinación de cursos, pero es crucial entender que la lógica de su participación en la enseñanza es variada.
Consideremos, a guisa de ejemplo, dos grupos: uno obtiene en los espacios del ejercicio profesional su fuente principal de experiencia e ingresos. Aportan, en las asignaturas que imparten, elementos que derivan de su práctica cotidiana. Una abogada litigante, especializada en derechos humanos; un arquitecto que en el despacho donde trabaja diseña viviendas y supervisa su realización, o un ingeniero mecánico electricista ocupado en una empresa que produce transformadores, cuentan con el saber teórico de su campo, sin duda, al que añaden las circunstancias específicas que se presentan en el espacio laboral donde los egresados aplicarán su saber. El contacto docente con este tipo de profesionistas enriquece la formación de quienes aprenden y no suelen dedicar muchas horas a esta actividad.
Sostengo, como conjetura, que son una cantidad muy grande dado que la mayor parte de nuestras licenciaturas son profesionalizantes y, por ende, el grueso de la matrícula ahí se concentra. En los cursos dedicados a los conocimientos básicos, el personal de tiempo completo sería adecuado, no así en los que la práctica de la profesión es imprescindible.
Otro sector, tampoco menor a mi juicio, está conformado por maestras y maestros que, merced a la cantidad de horas-clase que acumulan, tienen su eje de trabajo fundamental, o único, en las instituciones de educación superior, y deriva de ello la totalidad o la parte más significativa de sus ingresos. No tienen contrato de tiempo completo, mas se dedican, por completo, a las tareas de la enseñanza. Para distinguirlos del grupo de profesionistas con labores parciales de docencia, así como de los tiempos completos, se les puede denominar de “tiempo repleto”.
Estas dos formas de vinculación no son las únicas. Son polares y, quizá, mayoritarias. Pero hay más subconjuntos que clasificar (incluyendo la perspectiva de género en todos) con el fin de distinguir sus condiciones laborales y pedagógicas actuales, y las que serían necesarias para el adecuado desempeño de sus tareas en instituciones que requieren, ya, pensar y reorganizar su función docente tan abandonada a la inercia. Por supuesto, todas y todos han de contar con condiciones dignas, necesarias y legales para desempeñar su labor.
En el debate actual, no se ha tomado en cuenta la investigación realizada desde el siglo pasado sobre la diversidad de la actividad académica en México. Tal vez por eso, la simplificación burda derivada de la ignorancia, predomina.
No contribuye ni a la comprensión del problema ni a la diferenciación de sus demandas agruparlos en el mismo saco. Intelectual, y políticamente, es imprescindible hacernos cargo de la diversidad. Urge hacerlo ya.
mgil@colmex.mx
