El pasado jueves 28 de abril, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.
Se trata de un planteamiento de hondo calado que ha causado un gran revuelo como tema de debate en nuestro país, pues no sólo es cuantioso por los 18 artículos que prevé modificar de nuestra Ley Fundamental, sino también por la esencia de trastocar una amplia gama de principios y valores que han sido construidos en las recientes cuatro décadas por el binomio sociedad-gobierno.
Recordemos que la historia política-electoral de México desde la entrada en vigor de la Carta Magna del 5 de febrero de 1917 ha tenido significativas transformaciones que han redundado en tangibles beneficios y mejoras para el sistema democrático.
Muestra de ello es el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas para las mujeres, la ciudadanización y autonomía del instituto electoral, así como la evolución del propio sistema electoral mexicano para adoptar un modelo mixto en el que no sólo estuviera presente el histórico principio de mayoría relativa, sino también convergiera la representación proporcional, un elemento que indiscutiblemente ha impulsado la pluralidad política e ideológica de nuestro país.
Sobre el particular, es importante tener presente que el destacado politólogo Robert Alan Dahl apuntaba que dos componentes de vital importancia para definir lo que se entiende por democracia son: la participación (elección) y la oposición (pluralismo). Y en el caso de nuestro sistema político, incluso, el actual partido mayoritario y las figuras que en los cargos de representación popular lo encarnan, no estarían en su lugar de no ser por las aportaciones que ha brindado el respeto al pluralismo político y el fortalecimiento de las minorías.
Esto, viene a razón de que uno de los elementos centrales de la reforma, es que siguiendo la práctica de cortar de tajo todo aquello que no sea de su agrado, la reforma elimina por completo el sistema electoral mixto para la elección de Diputados y Senadores, para instaurar un modelo absolutamente centralista. Ya que a la vez da un atroz golpe a la soberanía de los Estados y al federalismo mexicano, pues también limita el número de diputados locales y los integrantes de los gobiernos municipales.
En el mismo sentido, es tan brutal el duro golpe que quieren dar para callar a la oposición que prevén extinguir el financiamiento ordinario a los partidos políticos, que si bien, es un tema que puede ser perfeccionado, ello no debe implicar que se permita su abrupta liquidación, pues correríamos el riesgo de caer en un autoritarismo sin precedentes que nos cueste décadas enteras erradicar.
Además, otro punto inconcebible que las y los mexicanos bajo ninguna circunstancia debemos permitir es la destrucción o el desmantelamiento de las instituciones que tanto esfuerzo nos ha costado construir, como el propio Instituto Nacional Electoral que ha desempeñado un papel imparcial y con apego a la legalidad.
Por ello, es fundamental que la sociedad y la oposición mantengan una sólida unidad que se traduzca en un contundente mensaje de no permitir el aniquilamiento de la democracia y del federalismo. Al contrario pugnar y exigir el verdadero perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.
Es notorio el sentido que persigue la reforma electoral, pues lamentablemente no atiende los desafíos del sistema político mexicano, y más allá de dar una vanguardista respuesta y visión electoral, se sumerge en un criterio electorero y demagógico, que en la sombra de polarizar a las y los mexicanos oculta un peligrosísimo viso de autoritarismo y retroceso al régimen democrático.
@manuelanorve