El 24 de enero de 1991 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto presidencial por medio del cual se creó el Consejo Nacional de Vacunación, como la entidad gubernamental cuyo propósito general consiste en instrumentar un Programa de Vacunación Universal, como medida de salud pública obligatoria.
A partir de aquel momento se dio un importante avance en favor del fortalecimiento del sistema de salud pública de nuestro país, con pasos graduales, pero firmes en el camino a efecto de garantizar este derecho para toda la población, ante las diversas enfermedades que pueden ser prevenidas o controladas a través de la aplicación de vacunas.
Con el Consejo Nacional de Vacunación como organismo a la cabeza de la coordinación de todas las actividades que se realizan en el país para prevenir, controlar, eliminar y evitar que se presenten enfermedades, —a través de la vacunación—, durante las recientes tres décadas se aplicaron millones de dosis para las y los mexicanos.
En esta etapa, desafiantes han sido los retos que se han presentado con diversos brotes de enfermedades como el de la pandemia causada en 2009 por la denominada gripe A (H1N1); sin embargo, en el último siglo ningún virus había estremecido los sistemas de salud del orbe como lo ha hecho el SARS-CoV-2, conocido popularmente como Covid-19.
Esta enfermedad sumamente contagiosa de coronavirus que ha evolucionado con múltiples variantes como Ómicron y Delta, ha cobrado la vida de casi medio millón de personas en nuestro país a casi dos años de su entrada y ocasionado más de 4 millones de contagios. Sin perder de vista la parálisis social y económica incuantificable que también ha arrojado.
No obstante, con una gran celeridad, en diversas latitudes del mundo se puso en marcha la elaboración y aplicación de vacunas contra la enfermedad. Las cuales han sido aplicadas a ciertos sectores de la población, tomando como criterio principal la edad.
Bajo esta suposición se ha restado cuidado, o peor aún, se ha dejado fuera a otros grupos de la sociedad mexicana, como lo son los menores de 14 años de edad.
Al respecto, no hay que perder de vista que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara y contundente, al señalar en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Además, el mismo artículo consagra a la vez el interés superior de la niñez como obligación en todas las decisiones y actuaciones del Estado, precisando que éste último, deberá garantizar el derecho a la salud para las niñas, los niños y adolescentes de nuestro país.
Por ello, es indispensable que, en un acto de congruencia y fiel compromiso con la obligación que el Estado y las autoridades sanitarias asumen en observancia del mandato constitucional se replanteen integralmente los criterios bajo los cuales son aplicadas las dosis, a efecto de dar paso a un verdadero panorama de universalidad en la vacunación que garantice este derecho para todas las personas que lo requieran.
Así, las autoridades sanitarias tendrán la oportunidad de reivindicar su papel en el combate al Covid-19, erradicando por completo la política irresponsable que han sustentado al decidir no vacunar a todos los menores. Las y los mexicanos exigimos que la aplicación del Programa Nacional de Vacunación contra Covid-19 se aleje de cualquier criterio electorero o populista que contravenga el espíritu de salvaguardar la salud de todas las personas.
@manuelanorve
