La interrogante en torno a quién debe ser el guardián de la Constitución fue un amplio e interesante debate suscitado entre dos de los juristas más connotados del siglo XX, hablamos de Hans Kelsen y Carl Schmitt. Sus posturas pugnaban en torno a dos vertientes; por una parte, Kelsen abogaba que el defensor o garante de la Constitución fuera un Tribunal Constitucional, mientras que Schmitt promovía la idea de que el Presidente, en su carácter de representante elegido directamente por el pueblo, fuera el custodio de la Ley Suprema.
Desde la perspectiva doctrinaria pudiera decirse que no hubo un ganador absoluto de ese debate; sin embargo, la propuesta kelseniana fue la que logró permear de forma pragmática en la justicia constitucional de los sistemas jurídicos contemporáneos pues el control constitucional en sede jurisdiccional logró adquirir una mayor preeminencia en la mayoría de las naciones, dando pauta también a la consolidación de los denominados Tribunales Constitucionales.
Esta visión dejó sepultado aquel enfoque con el que incluso fue concebido el papel de los juzgadores en la teoría de la División de Poderes de Montesquieu, merced la cual los jueces no eran más que “la boca que pronunciaba las palabras de la ley”. La transformación paradigmática fue impulsada con gran dinamismo a la luz de parteaguas jurídicos como el caso Marbury vs Madison en los Estados Unidos de América; de la creación del Juicio de Amparo en México por Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, así como de la propia erección de los Tribunales Constitucionales con las ideas kelsenianas.
En esa virtud, se superó la etapa de los “jueces espectadores” para dar pauta a una imprescindible época en la que las y los juzgadores no solo ejerzan la función de interpretación, sino también constituirse como los últimos bastiones para proteger los derechos fundamentales y los principios consagrados en la Constitución, ante las vulneraciones de poderes arbitrarios o de mayorías con tendencias tiranas. Pues no hay que olvidar que el Congreso está limitado por la Constitución.
En el caso mexicano, desde 1994 y con un gran impulso en 2011 y 2021, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado su papel como Tribunal Constitucional, guardián de la Constitución por antonomasia, que en su escritorio actualmente tiene un vasto catálogo de asuntos de gran trascendencia, como el denominado Plan B, que a todas luces es inconstitucional y su invalidez es clave para el futuro democrático de México.
Al respecto, resulta importante mencionar que la ciudadanía ha transitado hacia el fortalecimiento de la confianza depositada en la Corte, tan es así que en una encuesta reciente de El Financiero se dio a conocer que el Máximo Tribunal ha crecido en el nivel de confianza, superando incluso por más de 7 puntos al titular del Ejecutivo Federal.
Así, hoy más que nunca las y los mexicanos debemos refrendar nuestro compromiso y apoyo al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia, ante la alarmante y deplorable serie de ataques que se han hecho contra su función. Por ello, externamos nuestro absoluto respaldo a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández.
Sin duda alguna, en las próximas semanas será clave el desempeño de la Suprema Corte, para decidir el futuro de nuestra democracia y del ejercicio de los derechos fundamentales, ante esta situación, las garantías de la independencia, imparcialidad y profesionalismo deben estar aseguradas en su papel de guardián de la Constitución.