El escritor italiano Ferrero señaló alguna vez que “en las democracias, la oposición es un órgano de la soberanía popular tan vital como el gobierno, [pues] cancelar la oposición significa cancelar la soberanía del pueblo.”
Este dicho viene en relación a una coyuntura política adversa que se ha presentado y acrecentado durante las semanas más recientes, marcada por los sellos de la polarización, la tergiversación y el amedrentamiento contra las ideologías y posicionamientos que no comparten el mismo punto de vista que quien ostenta el poder.
Dada la propia naturaleza histórica del sistema político mexicano la oposición, hoy en día, es un baluarte indispensable de la democracia contemporánea, pues la tolerancia, respeto y espacios que se le brinde a la misma se traducen en un mejor ejercicio, control y equilibrio con el gobierno. Al tiempo de permitir la construcción y sólida legitimación de los consensos necesarios que gocen de la inobjetable característica de tomar en consideraciones todas las visiones, en favor de un proyecto de nación que se traduzca en lo más adecuado para la población.
Sin embargo, como un viso antidemocrático ha prevalecido en México un ambiente de demagogia, amenazas, manipulación, división y calumnias que a ningún puerto nos van a llevar.
El ataque directo contra líderes de la oposición no sólo deja ver la parcialidad con la que actúan las autoridades, sino también severas intentonas por callar de golpe las voces que no sigan el mismo canal, aunque esté de por medio la estabilidad económica del país no escuchan ni construyen.
De igual forma, se han dejado atrás otros principios fundamentales que incluso emanan de la propia Constitución Federal, como lo es el de la legalidad. Este mandato, en stricto sensu, significa que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Por lo que dejar a un lado sus obligaciones constitucionales y legales para hacer uso de la artillería gubernamental en contra de ciertas personalidades es una flagrante violación a los derechos humanos y a los principios democráticos.
En el mismo sentido, es vergonzoso y notoriamente improcedente iniciar procesos en contra de legisladores federales que en ejercicio de la inviolabilidad constitucional de expresión de la que gozan, se busque que sean reconvenidos por las mismas, cuando en ninguna democracia en el mundo sucede algo así.
Evidentemente, son claras y contundentes las necesidades actuales de nuestro país, así como la capacidad de respuesta y atención que se les ha dado bajo la ruta que se ha seguido.
Por estas razones hoy más que nunca México demanda un llamado a la unidad nacional, con la base de tomar conciencia de todo lo que está sucediendo y no permitir paso alguno a maniobras antidemocráticas que orquestadas desde el poder generen un detrimento irreversible.
Hace casi cinco décadas, el destacado ideólogo mexicano don Jesús Reyes Heroles publicó un artículo intitulado “que triunfe la fuerza de la política sobre la política de la fuerza”, donde con la lucidez que siempre lo caracterizó afirmó que: “si logramos que triunfe la fuerza de la política sobre la política de la fuerza, habremos conseguido una victoria para México”.
@manuelanorve
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