La progresividad de los derechos humanos es una materia que posee diversas aristas, debiendo entender no sólo el proceso evolutivo del derecho, sino también las circunstancias particulares que se presentan en un tiempo y espacio determinado; lo anterior, en aras de servir como guía para los cambios necesarios a implementar.
Es así que, a lo largo de la historia se ha transitado por diversas etapas en la agrupación de los derechos humanos, recordando la teoría del profesor checoeslovaco Karel Vasak, quien promovió la teoría de las “Tres Generaciones”, que toma como punto de partida el movimiento libertario de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se suscriben prerrogativas como el derecho a la vida, la libertad de expresión y los derechos políticos; para continuar con la segunda etapa que aborda los derechos sociales, económicos y culturales; concluyendo con la tercera que brinda el reconocimiento a los “derechos de solidaridad”:
De lo anterior se desprende que es un hecho ineludible y evidente que la forma en que las sociedades democráticas tienden a dinamizar su régimen jurídico, debe seguir los parámetros del empoderamiento de los derechos fundamentales, en donde se conciben una multiplicidad de grupos que por décadas han clamado igualdad y mayores oportunidades.
No obstante, aún sobre los derechos clasificados en la Primera Generación, existe un amplio margen de maniobra para echar a andar un régimen más sólido e incluyente, pues si bien es cierto que la tendencia constitucionalista ha buscado el perfeccionamiento de estos valores jurídicos; también lo es que en algunos Estados la lucha ha sido lenta.
Al respecto, es de destacarse que en la Constitución mexicana de 1917, reconocida a nivel internacional por su vanguardismo social, no se reconocía el derecho a votar y ser votadas para las mujeres.
Por ello, destacadas mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche encabezaron un movimiento desde principios del siglo XX, para que se les permitiera acceder a la vida político bajo un esquema de pleno reconocimiento de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres.
De tal manera que, el proceso de apertura inició en Yucatán, donde se les otorgó el derecho a participar en la política, por lo que en 1923 resultaron electas como diputadas al Congreso estatal.
No obstante, el siguiente paso llegó en 1947, con el reconocimiento del sufragio femenino en las elecciones municipales, aunque evidentemente no era suficiente. Por tal razón, en 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el formal reconocimiento para la participación política de las mujeres en los comicios federales.
Fue así que un 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas emitieron por primera vez su voto, para elegir a diputados federales para la XLIII Legislatura. Y desde aquel momento se han emprendido relevantes avances en favor del empoderamiento de los derechos de las mujeres y de su papel en la política. Es así que en la LXV Legislatura observaremos en la integración de la Cámara de Diputados una paridad de género.
Ahora, la ruta a seguir debe encaminarse a reconocer aquellos puntos en los que aún existe un marco a mejorarse, en favor de dotar a las mujeres de mejores condiciones con acciones legislativas y políticas que amplíen los canales de participación.
Senador de la República.
@manuelanorve
