Tal y como lo mandata la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 8 de septiembre, el Presidente de la República (por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), presenta el Paquete Económico para el ejercicio fiscal del siguiente año.
Este Paquete Económico enmarca la directriz que habrá de seguir el sistema recaudatorio y presupuestario de todo el país, sustentando la base y proyección de los ingresos que recibirá y ejercerá el Estado mexicano, de ahí su indudable trascendencia.
Del contenido de este Paquete, destacan esencialmente dos documentos: 1) la iniciativa de Ley de Ingresos que contiene la estimación de lo que percibirá el Estado durante el ejercicio fiscal; y, 2) el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyo contenido contempla todas las erogaciones del gasto gubernamental.
Sobre este último instrumento, cuya presentación, análisis y aprobación es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, sobresale que absorbe la mayor atención mediática, social y política, pues especifica el monto y destino de los recursos que el gobierno pretende asignar para el 2024.
Desafortunadamente, con Morena en el gobierno año con año se ha manifestado una asfixiante tendencia, en la que ha prevalecido un excesivo adelgazamiento del aparato estatal, justificado bajo una mal entendida austeridad que ha dejado en el abandono a diversos sectores y actividades de relevancia nacional.
La concentración de recursos en programas sociales que no han seguido lineamientos eficaces ni demostrado funcionalidad, así como las enormes asignaciones a obras faraónicas de infraestructura sin contar con estudios de viabilidad, se han convertido en grandes lastres para el ejercicio de la administración.
A costa de ello se ha puesto en riesgo el funcionamiento de instituciones vitales para el Estado Constitucional de Derecho, como lo es del Poder Judicial de la Federación, uno de los contrapesos que con mayor firmeza ha alzado la voz frente a las arbitrariedades del poder.
Sin embargo, la animadversión hacia estas instituciones, a las que se le suman la mayoría de los Órganos Constitucionales Autónomos ha ocasionado daños irreparables y parece que se busca seguir por el mismo sendero.
Por citar un ejemplo, el recorte de 25 mil millones de pesos que Morena plantea al gasto del Poder Judicial de la Federación representa un retroceso que lo colocaría en un presupuesto similar al que tenía en 2015, lo que pudiera llevar a la desaparición del 63% de los juzgados de distrito y 69% de los tribunales colegiados, lo cual sería inconcebible para el derecho de acceso a la justicia. Y como sucede con el Poder Judicial de la Federación, existe un amplísimo catálogo de otros casos en los que la aplanadora de Morena, sin justificación alguna pretende anular programas, estrategias e instituciones vitales.
Por ello, la oposición unida, de la mano de la ciudadanía debe trabajar incansablemente por hacer del presupuesto proyectado para el próximo año, la suma real de las voces y necesidades de la población, que, sin permitir excesos, refleje la realidad hacia la que debe dirigirse a nuestro país.