De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que el número de consumidores habituales de marihuana legal supera los 200 millones de personas; negocio que para el año 2025 representará 146 mil millones de dólares anuales; y en el caso de nuestro país, dicho mercado tiene un potencial que asciende a los mil 700 millones de dólares al año.
Sin embargo, a pesar de estas implicaciones económicas, en nuestro país existe una política prohibicionista que no ha permitido sacar el máximo provecho de este mercado, ni promover una nueva cultura de prevención y combate a los delitos relativos a estas actividades.
Justo es señalar que años recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Salud relativas a la prohibición administrativa de las actividades relacionadas al uso personal del cannabis al ser violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad que nuestra Carta Magna consagra en su numeral cuarto. Asimismo, emitió otra resolución de gran envergadura al conceder un amparo a un menor de edad con discapacidad múltiple para acceder a un tratamiento medicinal a base de cannabis, emitiendo a la vez un plazo de 180 días hábiles para reglamentar el uso medicinal de la especie herbácea. De tal manera, el uso de esta planta fue concedido tanto de forma recreativa como medicinal.
Bajo esta nueva interpretación que mandató una reingeniería normativa, el Tribunal Constitucional fijó al Congreso Mexicano como término para cumplir su deber el cierre del periodo ordinario de sesiones en curso, es decir a más tardar este 30 de abril. Pues resulta notoria la necesidad de transitar hacia la consolidación de un régimen jurídico que permita a los mexicanos la posibilidad de sembrar y consumir marihuana.
Por ello, el Pleno del Senado de la República avaló el 19 de noviembre de 2020 el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, turnándose a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales a los que haya lugar. Cabe mencionar que en su papel de Cámara revisora, ésta última modificó la minuta recibida por el Senado, regresando el texto reformado con cambios.
Sin embargo, de la minuta regresada por la Cámara de Diputados se desprende una serie de inconsistencias debido a controles rígidos que limitan el ejercicio del derecho constitucional que se promueve garantizar; aunque a pesar de ello por el plazo legal que está a punto de concluir, se ha destacado la necesidad de aprobar la reforma en sus términos y posteriormente someterla a estudio para su perfección.
Cierto es que se trata de un importante tema que debe ser altamente debatido y considerado previo a la toma de una decisión final, donde la constante debe estar encaminada a dar cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Constitucional sin perder de vista la creación de una legislación progresista que consolide un nuevo escenario de consumo lúdico y medicinal de la marihuana.
Aunado a lo anterior, debe impulsarse el uso médico de la amapola, ayudando a cubrir la demanda nacional de este tipo de paliativos,; generando al mismo tiempo una protección a los campesinos y productores agrícolas que, actualmente, tienen en el cultivo de la amapola su sustento.
Es así, que en medio del debate público que está por suscitarse en torno a la reglamentación del Cannabis, es indispensable que desde el Senado de la República se actúe con el profesionalismo y compromiso necesario para sacar adelante una legislación que cumpla con los objetivos y sirva como herramienta garante de los derechos consagrados en nuestra Ley Fundamental.
Senador de la República.
@manuelanorve
