México es un país que cuenta con enormes contrastes a lo largo y ancho de su territorio nacional, donde el crecimiento económico y el desarrollo social han estado lejos de ser regionalmente equitativos y homogéneos. Ello da cuenta de las desigualdades que persisten al interior de la República Mexicana y las cuales influyen en la ampliación de las brechas entre ricos y pobres.
Es así que mientras algunas entidades federativas en México han contado con un gran dinamismo económico, ya sea gracias al impulso de proyectos productivos, a la atracción de importantes sumas de inversiones privadas o apoyo gubernamental en la detonación de sus actividades agropecuarias, industriales, turísticas, comerciales o financieras; también debe reconocerse la menor dinámica de algunos integrantes del Pacto Federal que no han podido alcanzar un pleno desarrollo y se han concentrado en el combate a los altos índices de pobreza, desocupación y desigualdad social.
En estos tenores, es posible señalar que mientras Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí han logrado crecer económicamente a un ritmo anual de entre 4% y 6%; existen otros estados donde se alcanzan ritmos de apenas 1% anual. Lo anterior habla de la importante dicotomía que existe entre entidades federativas.
México se ha caracterizado por ser un país que crece en distintas direcciones, pero también a distintas velocidades. Ello ha llevado a repensar el papel que juega el crecimiento y el desarrollo regional para el país, donde, incluso, se crearon espacios geográficos en el pasado, que otorgaron beneficios gubernamentales en materia industrial, fiscal y laboral, con el objetivo de incentivar el correcto crecimiento de esta gran y diversa sociedad en México, denominadas Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Si bien es cierto que actualmente las ZEE desaparecieron administrativamente con la transición del nuevo gobierno; lo cierto es que, en la práctica, se sigue conservando su origen, mediante la implementación de estímulos fiscales en favor de la región fronteriza del país con la finalidad de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo, aplicable para la economía de los contribuyentes de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza. En estos tenores, sería importante también pensar en la implementación de estímulos fiscales para la región Sur y Pacífico del país.
Por ello es que propuse ante el Pleno del Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado por el que se busca alcanzar una equidad fiscal entre la Frontera Norte y la Región del Pacífico-Sur, última que se conforma por los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En este sentido, se plantea reducir en 50% el IVA, es decir, a 8%, con la finalidad de fortalecer las capacidades competitivas de las entidades del Sur-Pacífico del país, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la región.
La región Pacífico-Sur del país cuenta con una gran diversidad de recursos humanos, materiales y capacidades económicas para detonar su crecimiento económico y el desarrollo del país entero, de una manera equitativamente fiscal, que permita la atracción de inversiones y un redimensionamiento de la política pública que permitirá combatir la desigualdad.
Senador de la República.
@manuelanorve
