México enfrenta serios desafíos para mantener finanzas públicas sanas, pues una alarmante constante ha sido el déficit fiscal bajo el cual se han experimentado notorios desequilibrios entre los ingresos y los gastos, sin que se preste la suficiente atención y, sobre todo, se garanticen los ingresos de estados y municipios.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación de impuestos de enero a mayo de este año se quedó corta en 70 mil 981 millones de pesos, respecto a la proyección “alegre” establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2023.
Estos datos significan que la economía mexicana está padeciendo un serio retroceso como consecuencia de un consumo débil, inseguridad pública, falta de infraestructura y energía eléctrica, así como incertidumbre jurídica provocada desde el propio gobierno federal.
De tal forma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reporta que, si bien la recaudación acumulada en los primeros cinco meses del año sumó un billón 922 mil 57 millones de pesos, monto mayor en 2.7% respecto de lo captado en igual lapso del año pasado, está por debajo de lo que se proyectó en el paquete económico para este año.
Lo anterior significa que habrá un faltante de ingresos que pondrá en aprietos a las finanzas públicas y, desafortunadamente, los especialistas han alertado que esta situación generará un efecto cascado, en el que, al haber disminuido las participaciones federales a las entidades, producto de la baja en la recaudación, se vislumbra una serie de afectaciones en el ámbito local y municipal que pudiera llevar a una grave crisis.
Debemos tener presente que las entidades federativas y municipios llevan varios años de vacas flacas, debido a que el gobierno federal canceló importantes partidas en materia de seguridad pública, educación, salud e infraestructura y redireccionó importantes sumas de recursos públicos para tres o cuatro megaproyectos de infraestructura, poniendo en graves aprietos a las entidades, y si a esto sumamos el efecto cascada, pues estamos ante un problema de mayor envergadura.
En solo cinco años el gobierno federal se acabó todos los fondos de reserva que se crearon a lo largo de tres décadas para hacer frente a estas emergencias y hoy las finanzas públicas están muy limitadas sin que exista la visión gubernamental para remediar esta situación y evitar que la población de los estados y municipios sufra la cancelación de servicios públicos.
Desde el Senado levantamos la voz y les decimos que no permitiremos que un mal manejo gubernamental federal se traduzca en mermas a las finanzas locales y municipales.
Es urgente que el gobierno federal ponga al centro una política económica responsable, congruente y acorde con las realidades de nuestro país, al tiempo que en el Poder Legislativo Federal entremos al análisis del federalismo fiscal.
