Es una alarmante y fehaciente realidad que aún en el México del Siglo XXI persistan vestigios adversos, en contra de la libertad de prensa, que incluso, promueven un panorama agonizante que deja a nuestro país como una de las peores regiones en el mundo para ejercer la profesión periodística, colocándonos al nivel de lo que pasa en regiones bélicas en curso como Afganistán o Siria.
Se trata de una profunda crisis que hoy en día no solo repercute a la libertad de prensa per se, ni a la integridad de quien realiza tal profesión, sino que también ha llegado a cobrar la vida de un número de periodistas sin precedentes. Es así que organizaciones no gubernamentales en la materia han documentado que las amenazas, agresiones y homicidios de periodistas han aumentado constantemente en los últimos años, alcanzando en estos primeros 32 meses de la 4T cifras críticas.
Sobre este particular, en lo que va de la administración federal el número de periodistas asesinados es superior en 31.2% al registrado en el gobierno anterior. Mientras que, con relación a las agresiones a la prensa, éstas se duplicaron durante la actual administración, traduciéndose en un alza de 98.32 %.
De tal manera, que se ha contabilizado la existencia de un ataque a la prensa al menos cada 13 horas; muchos de ellos quedando en la impunidad, inacción y silencio por parte de las autoridades. Basta con recordar que en fechas recientes han trascendido mediáticamente amenazas de muerte contra periodistas, derivándose de su labor informativa.
Aunado a lo anterior, prevalece una tendencia de descrédito y hostilidad hacia la labor periodística por parte de algunos liderazgos políticos, que al final de cuentas promueve un panorama de menoscabo en su contra.
Desafortunadamente, a pesar de la grave situación descrita, en la agenda pública nacional del gobierno federal pareciera que este tema no es una prioridad ni tema de atención. No es menor señalar que uno de los fideicomisos recortados y suprimido consiste precisamente en el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por tales motivos, es indispensable echar a andar los derechos y garantías que nuestros instrumentos tanto constitucionales y legales, como convencionales sustentan en favor de la libertad de expresión, de la inviolabilidad de las tecnologías de la información y comunicación, del derecho de acceso a la información pública, de la protección de datos personales, entre muchos otros.
Incluso, México cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como el instrumento por antonomasia que consagra los derechos derivados del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Lo urgente, es que lo estipulado no se convierta en letra muerta y someter su contenido a una revisión y análisis en aras de promover cualquier indicio para su perfeccionamiento y erradicar la crisis que vive este gremio.
Sin duda alguna, los retos que viven las y los periodistas de nuestro país es un tema de inexcusable atención, que debe ser escuchado y atendido de inmediato, pues cada día que pasa son más las víctimas y acciones aisladas o esporádicas no son la solución. Lo que verdaderamente se requiere es poner en marcha una Estrategia Nacional de Protección a los Periodistas, que salvaguarda a cabalidad los principios de su función y cierre la brecha de la impunidad que se presenta hoy con mayor intensidad.
@manuelanorve