El 31 de diciembre de 2019 la Comisión de Salud de Wuhan reportó un conglomerado de casos de neumonía en esa ciudad china, que días más tarde se determinaría era causada por un nuevo tipo de coronavirus.
A partir de aquel momento, el virus denominado SARS-CoV-2 traspasó rápidamente las fronteras asiáticas y replicó casos en todo el orbe, al grado que la Organización Mundial de la Salud determinó el 11 de marzo que el virus (Covid-19) había alcanzado el grado de pandemia.
Se supondría que con dicha decisión todos los gobiernos se prepararían para enfrentar este virus y resguardarían a sus habitantes. Sin embargo, gobiernos populistas como el brasileño, estadounidense y mexicano renegaron del virus, aduciendo que era una invención y que nada le haría a su población.
El epicentro de la pandemia pasó rápidamente de China a Europa y ahora se encuentra en los Estados Unidos, seguido de cerca por Brasil, justamente los países que, por designio divino, se creyeron inmunes.
De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, al 1 de julio de 2020, a las 12:34 pm, los casos confirmados de Covid-19 ascendieron a 10 millones 538 mil 537, cobrando la vida de 512 mil 689 personas.
En el caso de nuestro país, la reacción del gobierno federal pasó de la indiferencia al escudo moral, subestimación, remedios caseros y hasta calificar al virus de fifí, sin cobrar conciencia de la vulnerabilidad de la población mexicana a este virus. Al darse cuenta de la tragedia, emitió un decreto mal hecho que no decretaba pero sí declaraba la emergencia sanitaria, sin delinear exhaustivamente las actividades esenciales y prioritarias y pidiendo que todo mundo se encerrara en casa. Era evidente que “el escudo moral” había fallado o quizá no había sido tan escudo ni tan moral.
Esa decisión no fue acompañada de un plan claro y conciso sobre los pasos a seguir, lo cual adelantaba el zigzagueante camino de la improvisación.
A lo largo de estos 107 días desde que falleció oficialmente la primera víctima en territorio nacional, la Secretaría de Salud a través del subsecretario Hugo López-Gatell sólo ha demostrado inexperiencia, proselitismo político e inconsciencia de la trascendencia de sus declaraciones para salvar o perder vidas. López-Gatell dijo el 16 de abril que el 25 de junio “sería el fin de la pandemia”. ¡Qué equivocado estaba!
Un año de inanición económica enmascarada en austeridad y de despido masivo de médicos, enfermeras y enfermeros del Seguro Popular, programa que fue desmantelado en el peor momento posible, bastó para dejar en los huesos a un sistema de salud que, no obstante, está al frente de la batalla.
Si bien es cierto que la salud pública es una facultad concurrente, en la que los gobiernos estatales han realizado los esfuerzos por salvaguardar a sus habitantes, como es el caso de Guerrero donde el gobernador Héctor Astudillo tomó valiente y visionariamente decisiones oportunas, también lo es que resulta indispensable que la Federación brinde las herramientas necesarias para mitigar los impactos tanto en el terreno sanitario como en el económico.
Cabe señalar que como legisladores federales hemos hecho uso de mecanismos de control parlamentario, como lo es la comparecencia del Subsecretario López-Gatell, no obstante, sólo ofreció más mentiras y peroratas sin fin.
Es evidente que Lopez-Gatell obedece criterios políticos y no científicos ni de salud en la pandemia más severa que hemos enfrentado en 100 años.
Su nombre pasará a la historia como sinónimo del oportunismo e incapacidad en medio de una pandemia.
Los mexicanos no queremos más mentiras que sigan costando miles de vidas, ni golpeando los bolsillos de las familias; el camino a seguir debe guiarse por un manejo prudente, asertivo y visionario, que ponga en el centro la salud de todos. Es momento que el Poder Ejecutivo Federal reconozca sus errores y reconduzca el camino. Exigimos responsabilidad, no discursos.
Senador de la República.
@manuelanorve
