La independencia y sana convivencia entre los poderes del Estado es un pilar fundamental para cualquier democracia. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeña un papel crucial como parte del Poder público, y su independencia es esencial para garantizar un sistema de pesos y contrapesos efectivo, pues como Máximo Tribunal del país, tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución y, en última instancia, proteger los derechos y libertades de la población.
Particularmente, es importante tener presente la labor de la SCJN como contrapeso a los demás Poderes, pues en un sistema democrático, ninguno debe tener un control absoluto, ya que esto puede llevar a abusos y autoritarismo.
Desafortunadamente, a la actual administración pública federal, poco le ha interesado garantizar un sano equilibrio entre los órganos del Estado, pues pareciera que todo ente que no marche en favor de su visión de gobierno está en su contra.
Así sucedió con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que a pesar de contar con autonomía constitucional fue cooptado por la falta de voluntad de la fuerza política mayoritaria y sus correligionarios, al decidir no realizar los nombramientos pendientes para que dicho órgano opere.
Sin embargo, la decisión, fortaleza e independencia institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado en claro una vez más, pues recientemente la Segunda Sala resolvió que el Pleno del INAI pueda sesionar con las cuatro personas comisionadas que lo integran actualmente.
De hecho, los argumentos vertidos por el Alto Tribunal son contundentes e inobjetables, pues realizando una interpretación conforme se detalló que tanto la Constitución Política como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen un diseño normativo que no permite que ocurran vacantes prolongadas en el Pleno del INAI, razón por la cual es inviable que la labor plenaria de un órgano de trascendencia constitucional sea limitada por una cuestión relacionada con la falta de designación de comisionados, representando un detrimento a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
No es menor señalar que la parálisis a la que fue expuesto el INAI durante meses no se trató exclusivamente de un choque institucional entre entes del gobierno, más bien, de forma lamentable su papel fue desvalorizado y cooptado, dejando a su paso un incuantificable número de violaciones cotidianas y reiteradas a derechos fundamentales.
De tal forma, que la deplorable situación a la que el gobierno federal llevó al INAI privó a miles de mexicanas y mexicanos de la posibilidad de obtener respuesta a sus reclamos en los plazos que señalaba la ley, así como a verse vulnerables al verse expuestos sus datos personales sin la capacidad de defenderse de forma integral.
Por ello, que el fallo del Alto Tribunal adquiere una relevancia trascendental para el futuro de nuestro país, pues manda un enérgico doble mensaje: 1) que la transparencia es un derecho inquebrantable, más no una concesión que se pueda limitar por vaivenes políticos; y, 2) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa refrendando su papel como guardián de la Constitución, desempeñando sus facultades con profesionalismo, independencia y responsabilidad como debe suceder en un sistema democrático.
