El 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue diferente a sus anteriores conmemoraciones, pues en lugar de honrar íntegramente a la Ley Fundamental, trascendió la división e intimidación a los principios que consagra nuestra Carta Magna.
Esto se debe a que, desde el Poder Ejecutivo Federal y el oficialismo se optó por impulsar un amplio paquete de reformas que lejos de fortalecer nuestra democracia y prerrogativas, la ponen en peligro al erosionar los contrapesos necesarios para evitar el abuso de poder y proteger los derechos de la población.
Como lo hemos enfatizado, una de las propuestas más preocupantes es aquella que busca debilitar al Poder Judicial de la Federación, plasmándose ya como un verdadero golpe de Estado. Esta medida, además de vulnerar el principio de separación de poderes, representa una grave amenaza para la independencia judicial y la imparcialidad del sistema de justicia, socavando así uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado Constitucional de Derecho.
Tampoco debemos permitir un paso atrás en el reconocimiento de los órganos constitucionales autónomos, pues eliminarlos significaría debilitar los mecanismos de control y rendición de cuentas, abriendo la puerta a posibles abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos. Además, los OCAS desempeñan funciones especializadas que requieren independencia y autonomía para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, instituciones como el INE y la CNDH son responsables de velar por la integridad del proceso electoral y la protección de los derechos humanos, respectivamente.
Muchas otras de las propuestas en el papel y en el discurso pudieran sonar bien, pero la realidad es que su materialización está alejada de cualquier realidad, lo que algunos académicos han llamado el “constitucionalismo mágico”, se ha convertido en una de las máximas de la 4T, donde se cree que con estipular una promesa en la Constitución se cumplirá en automático.
Este “constitucionalismo mágico” se manifiesta a través de propuestas de reformas que, lejos de tener fundamentos sólidos y viabilidad jurídica, se presentan como soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos y arraigados de la sociedad.
En lugar de abordar los verdaderos problemas que enfrenta el país, se recurre al “constitucionalismo mágico” como una forma de desviar la atención de la ciudadanía y ganar simpatizantes en el corto plazo, sin importar las consecuencias a largo plazo.
Este fenómeno cobra especial relevancia en medio de un proceso electoral como el que vivimos, donde las promesas se convierten en herramientas para conquistar el voto popular. Los partidos oficialistas y sus líderes recurren a estrategias que dejan mucho que desear como una forma de posicionarse como agentes de progreso, sin detenerse a reflexionar sobre la viabilidad y el impacto real de sus propuestas en la sociedad.
Y lamentablemente lo que no se dice es que el año 2023 fue uno de los más violentos para las y los mexicanos, pues mientras se presumían avances en las obras faraónicas, la realidad fue que cada 24 horas eran asesinadas más de 70 personas en el país, superando este sexenio las cifras de sus predecesores.
En todo esto, no olvidemos que cuando las promesas se quedan en meras ilusiones, la ciudadanía pierde la fe y eso puede llevar a un peor malestar social.
