Desde el Congreso mexicano hemos trabajado de manera conjunta con el gobierno federal con la finalidad de brindar las herramientas adecuadas para hacer frente a los retos en materia de seguridad.
La Guardia Nacional que el Congreso de la Unión aprobó a petición del Presidente de la República demuestra que la oposición parlamentaria ha actuado de manera solidaria con la estrategia implementada por el gobierno federal contra el crimen organizado, sin mezquindades ni contratiempos; sin embargo, también debemos reconocer que esta nueva institución que se ha desplegado por el país no ha sido utilizada de manera efectiva por el responsable de implementar la política pública en materia de seguridad, lo cual nos obliga a analizar y cuestionar el preocupante rumbo y los hechos inéditos que han tenido lugar en el país.
El Congreso de la Unión ha sido un factor de unión y transformación institucional durante los últimos meses, que ha permitido la edificación de una nueva institución policial de carácter civil para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de los bienes y recursos de la Nación. Desafortunadamente y luego del plazo que el mismo Ejecutivo Federal ofreció a la sociedad mexicana para bajar los índices de inseguridad, no hemos alcanzado a vislumbrar resultados tangibles, ya que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el año 2019 es el más violento del que se tenga registro con 25 mil 800 víctimas de homicidio doloso. Además, 65.6% de la población considera que la estrategia de seguridad nacional ha sido incorrecta y 42.5% de la población considera que la situación ha empeorado, ello de acuerdo con Consulta Mitofsky.
La situación que vivimos de manera directa o indirecta los mexicanos —muchos horrorizados como espectadores de los niveles de violencia en el país, y muchos otros concertados por la vulneración en carne propia de su integridad y la de sus familias—, nos lleva a exigir una estrategia viable que defienda los derechos de la sociedad mexicana a vivir en un ambiente de concordia y de paz. Y que quede claro: no se trata de lucrar políticamente con la catástrofe ni con el terror, sino de enmendar el rumbo en favor de la seguridad de la sociedad mexicana.
Así como el bloque opositor en el Congreso de la Unión se ha solidarizado con la construcción de un cuerpo armado, pero desmilitarizado, que tiene el legítimo uso de la fuerza pública y todas las atribuciones necesarias para hacer frente a la latente inseguridad que existe en el país; también habrá de respaldar aquellas acciones gubernamentales tendientes a alcanzar mejores condiciones de seguridad en el país. No obstante, lo cierto es que aún faltan muchas respuestas por parte de las autoridades públicas que clarifiquen las causas que han desatado los lamentables episodios de crisis que se han vivido en ciudades como Culiacán, Sinaloa.
La sociedad mexicana exige una estrategia de seguridad pública que sea consistente, firme y que dé resultados tangibles para la población, pero sobre todo, para aquellas comunidades que han sufrido directamente los efectos de la lucha contra el crimen organizado y las cuales demandan una inmediata pacificación del país.
Partiendo del reconocimiento del vertiginoso crecimiento de la violencia, es indispensable echar mano de todas las herramientas y acciones que permitan revertir esta tendencia, con el perenne objetivo de regresar la confianza y seguridad a las familias mexicanas, respetando cabalmente en todo momento los derechos humanos.
