La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeña un papel esencial en garantizar el Estado Constitucional de Derecho en nuestro país, siendo la máxima instancia que interpreta y resuelve cuestiones constitucionales de gran relevancia, de forma profesional, definitiva, independiente e imparcial. Por ello, que en el contexto de la designación de la persona que habrá de asumir el cargo de Ministro del Alto Tribunal, debamos garantizar la máxima idoneidad del perfil.
Como lo mandata el texto constitucional, el nombramiento de los Ministros de la SCJN se trata de una tarea en la que colaboran dos Poderes de la Unión, el Presidente de la República propone una terna y el Senado de la República aprueba a una persona dentro de dicha terna.
Sin embargo, ha sido lamentable que la terna presentada por el Ejecutivo Federal no cumpliera con los requisitos ni perfiles que garanticen un adecuado funcionamiento del Máximo Tribunal de la nación, de hecho, se trató de militantes del partido en el poder, lo cual es inconcebible.
Bajo ese tenor, desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votamos en contra de la terna presentada, pues no podemos permitir que se ponga de rodillas al Poder Judicial de la Federación.
Tampoco debemos perder de vista que la Corte aborda asuntos complejos y trascendentales que requieren un profundo conocimiento jurídico. En ese sentido, se constituye como un factor fundamental que la persona que asuma próximamente el cargo posea no solo una sólida formación legal y experiencia en áreas específicas que permitan abordar los retos jurídicos contemporáneos, sino también se trate de un perfil independiente a cualquier factor político.
Justo es señalar que vivimos en una nación en la que presumimos la existencia de la División de Poderes, lo cual, no debe ser un simple ideal; más bien tratarse de una realidad práctica en la que ningún Poder invada la competencia, autonomía y naturaleza de otro.
Además, la independencia judicial se ve amenazada cuando el proceso de nominación se contamina con agendas políticas partidistas. Por tales motivos, es esencial evitar la imposición de un candidato que responda exclusivamente a los intereses de un partido o del Poder Ejecutivo.
El proceso de nominación y designación debe respetar escrupulosamente el orden constitucional. Esto implica que cada actor involucrado, incluido el Presidente de la República, respete los límites y procedimientos establecidos por la ley.
De tal forma, en un contexto político plural y diverso, donde diversas perspectivas y enfoques coexisten, es crucial que el proceso de nominación y designación de la nueva persona que asuma el cargo de Ministro incluya un diálogo abierto y constructivo con representantes de diferentes corrientes políticas. Este enfoque fomenta el consenso y contribuye a la legitimidad del nominado.
Sin duda alguna, el nombramiento del nuevo ministro de la SCJN es una oportunidad para fortalecer la independencia judicial y reafirmar el compromiso con el Estado Constitucional de Derecho. Al elegir a un candidato basándose en méritos, conocimientos especializados y respetando los principios constitucionales, México envía un mensaje claro sobre su compromiso con una justicia imparcial y equitativa. En este proceso, la integridad de la SCJN y su papel fundamental en la salvaguarda de los derechos y la Constitución merecen una consideración cuidadosa y reflexiva.