Como parte del paquete de modificaciones legislativas que el bloque oficialista del Senado avaló ilegalmente la madrugada del 29 de abril se encuentra la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyas funciones se transfieren ahora al denominado IMSS-Bienestar.
Recordemos que el 1 de enero de 2020 entró en funcionamiento una de las mayores promesas de la actual administración pública federal, como lo fue garantizar un sistema de salud universal y de calidad, para lo cual Morena decidió desaparecer al Seguro Popular y crear el Insabi, que desde un principio no contó con un plan de acción ni un diseño institucional operable.
Justo es señalar que ni en la peor crisis sanitaria del reciente siglo derivada de la propagación del Covid-19, el Insabi estuvo a la altura de las circunstancias que demandaban millones de mexicanas y mexicanos. De hecho, la ausencia de insumos, protocolos y personal médico se tradujo en un lamentable factor que llevó a México a posicionarse como uno de los peores países del orbe en manejar la emergencia por el virus, cobrando la vida de más de 700 mil personas.
En poco tiempo, las y los mexicanos nos dimos cuenta de que el gobierno de Morena no pudo con la tarea de llevar servicios de salud y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social, pues se contabilizan en cientos de miles los atroces testimonios de personas que no encontraban la atención necesaria.
Abruptas caídas en las consultas, desabasto de medicamentos, maltrato al sector médico y cobertura limitada del Fondo de Salud para el Bienestar, fueron parte de la crónica de una muerte anunciada.
La situación se agrava al ver que México invierte cerca de 6% de su Producto Interno Bruto en salud, cuando lo que ha recomendado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 9%; además, es alarmante que esta cifra sea usada de forma opaca e ineficaz, pues en la vida práctica la población nunca supo dónde estaba el Insabi.
Además, de acuerdo con datos del INEGI, en el año 2000 había 55.6 millones de personas en México que no contaban con afiliación a alguna institución de seguridad social. Hecho que cambió en 2018, con el Seguro Popular, con el que la cifra se redujo a 22.4 millones. Sin embargo, tan solo en el año 2020 con el Insabi “funcionando” el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó a 35.7 millones de mexicanos.
En el ámbito presupuestal, la situación también es deplorable, pues a pesar de que su presupuesto aumentó en casi 50% en tres años, el Insabi no logró cumplir con dar atención gratuita de servicios de salud y medicamentos a las personas sin seguridad social, como sí lo hacía el Seguro Popular.
Desafortunadamente, desde el gobierno federal solo emana un demagógico posicionamiento de que ahora sí, con el IMSS-Bienestar México contará con un sistema de salud como el de Dinamarca. No obstante, a estas alturas, esto solamente es un frívolo mensaje que se encarrila hacia un nuevo fracaso.
Sin duda alguna, con la salud no se improvisa pues se trata de un derecho humano reconocido tanto en nuestra Constitución Federal como en diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por ello, uno de los retos que con mayor urgencia debe atenderse es la reivindicación de un sistema de salud pública universal, funcional, accesible y de calidad.