En la escuela, en el trabajo, en la calle y en muchos otros lugares las y los mexicanos hemos escuchado el término “libertad de expresión” como un derecho que conlleva la independencia de recibir y difundir información e ideas por cualquier medio, siempre y cuando respetemos los derechos de las demás personas.
Hablamos de un derecho fundamental que si bien es cierto ha evolucionado a lo largo de los años con nuevas implicaciones, también lo es que ha logrado mantener la constante de basarse en su inquebrantable pilar de que todas las personas tengan la posibilidad de expresar libremente sus posturas sin ser objeto de ataques o inquisiciones que no solo pongan en riesgo su dignidad e integridad, sino también su vida.
La libertad de expresión va más allá de erigirse exclusivamente como un derecho fundamental, pues también se ha convertido en un principio de enorme relevancia para construir una sociedad democrática en el siglo XXI.
Es así que el valor democrático de la libertad de expresión se ancla como un estandarte que permite a todas las personas manifestar libremente su postura. Dentro de esta dinámica ejerce un papel trascendental el periodismo, entendido como aquella actividad que recauda y difunde noticias o información para hacer del conocimiento de la población algún acontecimiento.
Sin embargo, el momento que vive el ejercicio del periodismo a nivel nacional es crítico, pues el primer trienio presidencial ha sido el periodo más violento contra la prensa desde que se tenga registro. En esta periodicidad, organizaciones no gubernamentales han documentado 33 homicidios a periodistas y dos desapariciones, así como mil 945 ataques a la prensa por parte del Ejecutivo Federal.
La numeraria detalla que, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, los ataques a periodistas aumentaron 85% y los asesinatos de miembros del gremio se duplicaron, en comparación con el primer trienio de la anterior administración pública federal. De esta forma, es lamentable que la tendencia del año 2021 haya sido una agresión a la prensa cada 14 horas.
Lo anterior advierte una crisis que va más allá de cualquier justificación o negación mediática o circunstancial que se trate de realizar desde el aparato gubernamental, toda vez que es un hecho inobjetable la problemática de hondo calado que se presenta en el sector, misma que implica la vulneración a los derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Dicha situación nos exhorta a reflexionar sobre la hoja de ruta que de forma inexorable debemos trazar para revertir esta atroz tendencia. Pues tanto la sociedad en general, como las y los periodistas no quieren un México en el que expresar alguna opinión o señalar un hecho sea motivo para que su integridad esté en riesgo latente.
Por ello, es urgente revertir el calificativo que posee nuestro país como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo a nivel mundial, ya que es inconcebible una verdadera nación democrática sin el pleno respeto a la libertad de expresión.
Hoy más que nunca, tanto autoridades como sociedad civil debemos trabajar de la mano, abogando en favor de la defensa de la libertad de expresión, con acciones como promover la creación y el fortalecimiento de instituciones, herramientas y estrategias que no permitan más ataques a la prensa desde cualquier trinchera. Es momento de avanzar hacia una sociedad bien informada, que fomente y respete todos los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión.
Senador de la República.
@manuelanorve
