El control del poder público es imprescindible en cualquier Estado que se precie de ser democrático. Su objetivo es evitar a toda costa el abuso del poder, así como detectar insuficiencias, omisiones y responsabilidades en las que hayan podido incurrir los sujetos controlados. Su prevalencia es parte de la regularidad institucional, así como de la gobernabilidad democrática, persiguiendo en todo momento la eficacia plena de las políticas públicas diseñadas por el Ejecutivo e implementadas por los entes gubernamentales.
Como parte de esa lógica, el pasado martes el Gabinete de Seguridad del Poder Ejecutivo Federal hizo entrega del primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, que fue creada para tal efecto.
Recordemos que el 18 de noviembre de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que amplía el periodo previsto para que el presidente de la República pueda encomendar a las Fuerzas Armadas labores de seguridad pública, previendo para ello la presentación de informes semestrales sobre el ejercicio de dicha facultad, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos.
Para ello, los titulares de Defensa Nacional y Marina Armada de México, Gral. Luis Cresencio Sandoval y Almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente, así como la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acudieron personalmente al Senado en compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Indudablemente, se trató de un hecho positivo, pues este tipo de actos y encuentros alientan el régimen de transparencia y rendición de cuentas bajo un modelo de diálogo directo y franco.
Es de vital relevancia no confundir la presentación de este informe con otros que se realizan en tareas similares, por ejemplo, el correspondiente a la Estrategia Nacional de Seguridad o el que se avoca en concreto al papel de la Guardia Nacional, pues el presentado esta semana se centra exclusivamente en las funciones realizadas por la Fuerza Armada permanente.
Ahora bien, del contenido del informe presentado se detalla la participación que las Fuerzas Armadas tuvieron para salvaguardar la seguridad pública. Al respecto, se destaca que en el periodo que abarca del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023 un total de 79 mil elementos fueron desplegados en tareas de seguridad, de los cuales 69 mil son del Ejército y 20 mil de la Marina.
Durante este periodo, 5 mil 600 personas fueron detenidas relacionadas con delitos de narcotráfico; se aseguraron cerca de 5 mil armas y se incautaron más de 26 mil kilogramos de cocaína. Además, se detallaron los esfuerzos por mitigar las alzas reconocidas en índices delictivos como lesiones dolosas, extorsión, trata de persona y violaciones.
Sin duda alguna, en todas estas tareas las Fuerzas Armadas de nuestro país han actuado con el fiel e imparcial compromiso de cumplir cabalmente con sus funciones.
Tanto el Ejército Mexicano como la Marina desempeñan un papel de fundamental importancia para el bienestar social y el mantenimiento de la paz. Además, sus misiones se centran también en auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y, en caso de desastre natural, acudir en auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Por ello, más allá de promover un mensaje disruptivo o ajeno a la realidad, es menester reconocer estas trascendentales funciones, al tiempo de abogar por que el fruto de la presentación de informes y de ejercicios de diálogo, construya realmente un mejor sistema de seguridad para las y los mexicanos.