En pleno siglo XXI existen diversos sectores de la población que pese a grandes esfuerzos que se han promovido a través de luchas sociales, se les sigue tratando de forma segregacionista, enfrentando una serie de adversidades que no sólo los posicionan como grupo vulnerables, sino también los deja en situación de indefensión, invisibilidad y desatención.
Desde una perspectiva histórica, la discapacidad ha sido objeto de conceptualizaciones que devienen en modelos para su adopción ante la sociedad, pues su percepción obedece a una condición en la que convergen dos factores; por una parte, se encuentran las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o psicosociales presentes en la población, que se suman a la multiplicidad de limitantes que impiden o restringen el acceso a este grupo social al pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Aunado a lo anterior, dentro de este grupo social prevalece una deplorable marginación que profundiza el rezago al que se enfrentan las personas con discapacidad, ya que miles de mujeres mexicanas se encuentran en una doble discriminación por los motivos de género y de discapacidad, dando como resultado una afectación directa que limita su capacidad de desarrollo que otros integrantes de sus grupos desarrollan.
Bajo esta tesitura es imprescindible visualizar las necesidades de estos colectivos que viven formas de discriminación particulares, situación que tiende a incrementar un rezago en su desenvolvimiento dentro del tejido social.
Por ello, es de gran relevancia actuar con responsabilidad y compromiso para mitigar esta problemática que se reproduce en el territorio nacional y que ha sido reconocida en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Muestra de ello es que el artículo sexto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados parte para desarrollar políticas públicas y otras acciones que deriven en el efectivo desarrollo de las mujeres y las niñas con discapacidad.
Ahora bien, en un acto de congruencia y sensibilidad, el 18 de septiembre de 2019, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y senadores de la misma fracción presentamos ante el Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declare el 12 de septiembre como “Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad”. La cual tuve el honor de presentar ante el Pleno en calidad de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos durante la sesión ordinaria del pasado martes y que fue aprobada por unanimidad, turnándose a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
El motivo de la fecha se basa en memoria del natalicio de la mexicana Gabriela Raquel Brimmer Duglacz, pionera en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad.
Sin duda alguna, proponer la conmemoración de un día especializado que reconozca a las mujeres con discapacidad representa una impostergable oportunidad para dar visibilidad a este sector afligido, fomentando un clima que posicione con mayor firmeza las demandas y propuestas que tienen para mejorar su calidad de vida, dándoles voz propia para manifestarse en contribución para la construcción y perfeccionamiento de su entorno social.
El escritor español Manuel Vázquez Montalbán refería que “Poner nombre a lo que nos destruye nos ayuda a defendernos”, por lo que la reciente aprobación del Senado de la República propone reconocer y dar voz a un sector social doblemente afligido, al tiempo de dar un impulso a la puesta en marcha de políticas públicas que ofrezcan mejores oportunidades para la calidad de vida de las mujeres con discapacidad.
Senador. @manuelanorve
