A lo largo de las últimas tres décadas el andamiaje institucional clásico del Estado mexicano ha evolucionado con gran dinamismo, dejando atrás la división tripartita del Poder Público para consolidar un esquema en el que el poder controle al poder bajo un nuevo sistema de frenos y contrapesos con mayor solidez entre las distintas instituciones públicas que existen tanto en el orden federal como en el estatal.
Sobre este particular, los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAS) se han incorporado al sistema político mexicano en aras de perfeccionar la función pública, realizando tareas que podrían contemplarse dentro del ámbito de la administración pública, pero que por la trascendencia e imparcialidad que requiere su ejercicio, así como la herencia histórica que ha demostrado nuestro país, la mejor apuesta ha versado en no sujetarlos a ninguno de los Poderes de la Unión, sobre todo al Ejecutivo Federal.
Es decir, los OCAS son entes públicos inherentes al Estado mexicano, que tienen el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de tareas administrativas y jurisdiccionales en el orden nacional, por lo cual no deben responder a las órdenes del titular del Ejecutivo Federal ni mucho menos servir cualquier interés ajeno a la naturaleza que le ordene nuestra Constitución Federal.
Es inentendible que órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Banco de México; el Instituto Nacional Electoral; la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, —por citar algunos—, realicen cabalmente sus funciones bajo la dirección o dependencia del Ejecutivo Federal.
Por ello, que las declaraciones recientes del Presidente de la República por someter a una inexperta y arbitraria revisión la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos representan una latente amenaza a los pilares del Estado Constitucional de Derecho. Pues al tiempo de demostrar un gran desconocimiento de la forma en que funciona el gobierno federal, pone en riesgo el desarrollo de tareas indispensables para el Estado mexicano.
De ninguna manera se debe justificar que a la sombra de un criterio de austeridad se extermine con la imprescindible función que realizan los OCAS, o que se absorba su estructura a órganos de la administración pública, pues la historia ha sido muy clara en los altos costos que conlleva una concentración del poder público a tal magnitud.
Empero, no se trata de incentivar ningún blindaje sin sentido o incentivar algún tipo de impunidad en aquellos deplorables casos que han desacreditado las funciones de los OCAS; más bien se debe apostar por su perfeccionamiento siguiendo el espíritu democrático bajo el que fueron creados.
Mecanismos más sólidos de vigilancia y evaluación en su funcionamiento; autonomía presupuestal; facultad de iniciativa de ley o decreto; mejora en los procesos de designación de los integrantes de sus órganos de gobierno, así como un régimen más riguroso de responsabilidades administrativas deben de ser las tendencias de reforma a seguir.
No debemos permitir que discursos polarizadores y demagógicos se traduzcan en el desmantelamiento de las instituciones que tanto le ha costado construir a nuestro país, es momento de defender a los Órganos Constitucionales Autónomos y garantizar la prevalencia del Estado Constitucional de Derecho.
Senador de la República.
@manuelanorve
