Reza un refrán popular que no se puede “tapar el sol con un dedo”, y por más que el gobierno federal se esmere en esconder o distraer la atención mediática respecto al mal manejo de la pandemia, la realidad que se vive en nuestro territorio nacional es alarmante.

En el día a día, millones de mexicanos padecen una amplia gama de desafíos para salir adelante, no sólo en el ámbito económico, sino también en su salud, seguridad y educación.

Lamentablemente, una de las razones fundamentales por la que este panorama adverso se ha profundizado, radica en las carencias, incongruencias y falta de sensibilidad con la que ha gobernado la actual administración pública federal.

Como una penosa constante, los últimos dos años México ha trascendido en el escenario internacional como una de las peores naciones para hacer frente al Covid-19. Sin embargo, las afectaciones no solo han tenido alcances sanitarios, pues recientemente en el último Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2020, se detectaron irregularidades que ascienden a los 2 mil 763 millones de pesos entre sobrecostos, falta de transparencia, ineficiencia en el desempeño de la compra de insumos y vacunas, así como de la actuación de las instancias que combaten la pandemia.

Es innegable que dentro de estos informes pueden apreciarse notorias evidencias de pagos indebidos por contribución de comercio exterior en la adquisición de ventiladores, que se traducen en un daño al erario por más de 86 millones de pesos, así como los sobrecostos en equipo y personal contratado por el Instituto de Salud para el Bienestar por casi mil millones de pesos. Además, delata la revisión a la Cuenta Pública que no se acreditó la entrega de mil 50 millones de mascarillas KN95.

Esta numeraria marcada por los sellos de la opacidad e ineficiencia, no sólo contraviene lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 Constitucional, el cual señala que los recursos económicos que dispongan las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; sino también implica irreparables daños para la salud de cientos de miles de mexicanos, así como para los trabajadores de la salud, quienes no reciben los insumos necesarios.

Los costos de estas negligencias han sido parte de una acumulación superior a los 5 millones 400 mil contagios por Covid-19 y a las 300 mil defunciones causadas también por el virus. Esto, de acuerdo con cifras oficiales; es decir, sin tomar en cuenta aquellos cientos de miles de datos que no han sido debidamente registrados.

Bajo esta tesitura, preocupante es que el panorama ante el que nos encontramos sea tan solo la punta del iceberg, de una crisis sin precedentes. No obstante, el titular del mal manejo en la estrategia contra la pandemia tiene nombre y apellido, Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud Federal, quien debe asumir las responsabilidades de su actuación.

Es así que, en un acto de congruencia y sensatez, López-Gatell debe acudir al Congreso de la Unión para rendir cuentas de todas las decisiones que ha tomado y han repercutido en la salud de las y los mexicanos.

Sin duda alguna, dentro de las aspiraciones de toda sociedad democrática se encuentra llevar a la práctica la rendición de cuentas, donde las autoridades tienen el deber de informar, justificar y explicar sus decisiones, funciones y el uso de los recursos asignados. No queremos más excusas o simulaciones, requerimos la dirección e implementación de políticas públicas que salvaguarden la vida, seguridad y economía de la nación.

Senador.
@manuelanorve