A partir del pasado 1 de enero, entró en vigor la mayor apuesta de la actual administración pública federal por garantizar la protección del derecho a la salud para todos los mexicanos, bajo los criterios de universalidad, gratuidad e igualdad, con el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
El objetivo del gobierno federal es loable: acceso gratuito a los servicios de salud para todos; sin embargo, esta meta no se ha acompañado de las herramientas y medidas adecuadas que se traduzcan en una mejora integral para el sistema de salud nacional, pues a poco más de 15 días de su puesta en marcha, trasciende el preocupante panorama de incertidumbre que existe en torno al nuevo Instituto y los lineamientos de los servicios que ofrece.
En diversas latitudes, se ha reportado una serie de afectaciones para los beneficiarios, que ahora encuentran una mayor complejidad para atender sus necesidades, generando confusiones, incertidumbre y molestias ante la población mexicana.
Desde el principio, en la oposición advertimos con decisión, conocimiento y firmeza sobre las flaquezas con las que se delineaba el nuevo esquema de política pública en materia de salud, con una notoria falta de lineamientos, infraestructura, presupuesto y planificación que hoy en día arrojan graves problemas, como la escasez de medicamentos, alza de precios y la falta de atención a los servicios que la población requiere. Incluso, con anterioridad seis exsecretarios de Salud fijaron su postura en torno al nuevo sistema de salud que se impulsaba, sugiriendo no caer en errores que minaran los cimientos edificados durante las últimas décadas.
No obstante, se optó por la improvisación y la falta de cuidado en la transición de un sistema de salud a otro, la cual debió ser regida por la gradualidad, al tiempo de guiarse por una correcta planeación para que en el proceso no se generara ningún impacto para la población.
Muestra de la poca confiabilidad que ha reflejado este nuevo esquema de salubridad nacional, es que en diversas entidades de la Federación se ha rechazado su implementación, lo cual es en indicador de la ausencia de planeación con la que se están tomando las decisiones en un sector de tan alta envergadura como lo es la salud de las y los mexicanos. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que de ninguna forma el Insabi debe suplir a las instituciones que conforman todo el andamiaje del sector salud, pues debe existir una sana y eficiente coordinación.
Por ello, es de vital importancia vigilar con la mayor puntualidad la correcta implementación de los servicios que ofrece el Insabi, además de rescatar los aciertos del otrora Seguro Popular, que salvó a miles de personas que no hubieran podido pagar sus tratamientos. Asimismo, es indispensable contar a la brevedad con las reglas de operación del Insabi, que contrarresten el desconocimiento e incertidumbre que ha generado su entrada en vigor, además de que las reglas deben darse a conocer al público en general.
No se debe perder de vista que el principal objetivo del Insabi es brindar atención médica gratuita a quien lo necesite y dar cabal cumplimiento a la protección de la salud de todos los mexicanos, como lo mandata el artículo cuarto de nuestra Carta Magna.
Sin duda alguna el gobierno federal debe escuchar y resolver de forma apremiante las exigencias de la población que demanda una real accesibilidad a los servicios de salud pública, donde se cumpla con la promesa de alcanzar la universalización y gratuidad de los servicios de salud para nuestro país.
Senador.
@manuelanorve
