La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de octubre de 1954 fue de suma importancia para la historia del reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país. Pues en aquella fecha, que coincide con el Día de la Raza , Aurora Jiménez de Palacios , conocida por ser la primera mujer en asumir el cargo de diputada federal en México, hizo uso de la tribuna.

Se trató de un hecho inédito, al ser la primera ocasión en la que se escuchaba la voz de una mujer en la más alta tribuna del país. Desde ahí, la diputada Aurora Jiménez demostró su talento, papel y visión al destacar que: “La mujer mexicana defenderá con el coraje que solamente se equipara al que emplea para defender la vida de sus hijos, la memoria y el nombre de nuestros gloriosos antepasados, porque su recuerdo nos enseña, hasta qué punto los obstáculos que parecen insuperables pueden vencerse, cuando se vive esencialmente para la patria”.

Este acontecimiento representa la materialización de dos grandes transformaciones que acaecieron en la mitad del siglo XX, impulsadas por dos reformas constitucionales, donde la primera de ellas llega a su septuagésimo quinto aniversario.

Hablamos de la reforma a la Constitución Mexicana del 12 de febrero de 1947, que recogió los anhelos de décadas enteras de lucha en favor del reconocimiento de la participación política de las mujeres.

Recordemos que, durante la primera mitad del siglo pasado, la participación de las mujeres en los procesos electorales era prácticamente nula. No obstante, visiones como las del yucateco Felipe Carrillo Puerto quien en 1924 reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales; y, la del presidente Lázaro Cárdenas , quien en 1937 envió una iniciativa de reforma constitucional que permitiera votar a las mujeres, aceitaron la palanca de cambio hacia la igualdad política de la mujer.

Fue así que a través de una adición al artículo 115 Constitucional, en febrero de 1947, durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés se reconoció el derecho de votar y ser votadas para las mujeres.

Esta adición se erigió como el preludio normativo de la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953, que otorgaría la igualdad absoluta de los derechos políticos para las mujeres, tanto en el orden local como en el federal.

Indudablemente, a través de los años fue necesaria la introducción de otros anclajes normativos que impulsaran la participación política de la mujer, como la reforma electoral del 10 de febrero de 2014, que obliga a los partidos políticos a incluir el 50% de candidaturas de mujeres en el Congreso federal y Congresos estatales .

Producto de este gran paso es que hoy en día la Cámara de Diputados está integrada por una paridad perfecta, es decir, 250 diputadas y 250 diputados.

Sin embargo, a 75 años del primer reconocimiento constitucional de los derechos políticos de las mujeres, se siguen manifestando visos que van en contra del espíritu de la paridad electoral, como la violencia política y otros cargos de dirección tanto en el sector público como en el privado que siguen cerrando sus puertas a las mujeres.

Una democracia integral implica un respeto real a los principios que la constituyen, pues como lo señala el artículo tercero Constitucional no solo se le considera a la democracia una estructura jurídica y un régimen político, sino también un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento del pueblo, en el que deben abrirse oportunidades para quien lo desee sin restricciones por su género.

Senador de la República.
@manuelanorve

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