Históricamente, en varias regiones del mundo, el desarrollo económico no ha beneficiado a todos los sectores que integran la economía de una nación en específico. En este sentido, por eso se habla de países ricos o millonarios, pero con grandes sectores poblacionales depauperados. Es decir, la empleabilidad es cada vez más relevante en el contexto laboral actual, el avance en las mejoras económicas no alcanza a llegar a todos, principalmente a los trabajadores que, a final de cuentas, son los que generan la producción de bienes y servicios que producen ganancias, lo anterior tiene base, en que las personas deban desarrollar una combinación de habilidades, conocimientos y actitudes.
Valga este prolegómeno para decir que el desarrollo económico debe incluir, proporcionalmente, a todos los integrantes de una nación. El desarrollo debe ser parejo y no discriminar a nadie. Es inaceptable que el beneficio sólo se dé en algunos pocos sectores y no cubra a la mayoría. Cuando se observa crecimiento sin desarrollo, como es el caso de los países en marginación, se crea pobreza.
En México parece que se están revirtiendo favorablemente las tendencias, pero aún falta mucho por hacer para que los trabajadores se incorporen al desarrollo parejo. En los últimos años las autoridades han tomado decisiones que avanzan en el sendero de resarcir deudas históricas con la clase trabajadora, tanto del sector privado como del sector público. Su atención se centró en tomar decisiones relevantes sobre temas relacionados con las condiciones laborales, específicamente los salarios y la libertad sindical. Sobre los salarios, las autoridades federales pusieron fin a la tendencia a la baja del salario mínimo, que se justificaba argumentando que su aumento producía desempleo e inflación.
En un informe publicado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) en octubre del año pasado, se señala que de las 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza de 2018 a 2022, 4.1 millones se puede atribuir exclusivamente a los incrementos del salario mínimo. El informe demuestra también que estos aumentos no disminuyeron el desempleo ni causaron inflación.
Sin embargo, aunque los esfuerzos descritos realizados por las autoridades laborales federales han sido favorables para ofrecer a los trabajadores del sector público y privado mejores condiciones que les garanticen una vida menos injusta para ellos y sus familias, aún queda mucho terreno por cubrir para algo fundamental: incorporarlos al desarrollo económico compartido, es decir que no se vea a los trabajadores como el último eslabón de la cadena de beneficios que ofrece el desarrollo.
Una prueba de que aún falta mucho para que los trabajadores sean incorporados al disfrute de un crecimiento económico parejo es que ellos sufren directamente los embates del encarecimiento de productos básicos, aniquilando el poder adquisitivo de sus salarios. La mayoría de los hogares mexicanos de clase media y media baja están constituidos por trabajadores asalariados con el mínimo. Y aproximadamente el 68 por ciento de estos destinan sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas, incluida la alimentación. La inflación y el encarecimiento diario de los productos alimenticios, obstaculiza el arribo de la mayoría de los trabajadores públicos y privados al desarrollo económico.
Esta es una terea pendiente para el nuevo gobierno. Hay que entender que son los trabajadores quienes en primera instancia generan la riqueza nacional y no es justo que estén relegados de los beneficios del desarrollo económico.
Hasta la próxima.
