Escribo con relación a la opinión por la Embajadora de Armenia, publicada en la edición de 23 de abril de EL UNIVERSAL.
Ante todo, cabe mencionar que la República de Nagorno Karabaj nunca existió como tal. Era un régimen inventado en los territorios internacionalmente reconocidos de Azerbaiyán que Armenia mantuvo bajo la ocupación cerca de 30 años. La declaración trilateral de 10 de noviembre de 2020, que estableció el fin de todas las operaciones militares entre dos países, fue firmada por los líderes de Azerbaiyán, Armenia y Rusia, con la cual el mandatario armenio admitió la ocupación de los territorios azerbaiyanos por su país. Lamentablemente, la Embajadora, en el intento de desviar al auditorio, presenta como existente a una entidad no reconocida por ningún país soberano del mundo, ni por la misma Armenia.
Como es bien sabido, Azerbaiyán cumplió y sigue comprometido a todo lo establecido en esa declaración, así como la del 11 de enero de este año, y realizó el intercambio de prisioneros en base del principio “todos por todos”, habiendo devuelto hasta la fecha 69 prisioneros armenios y recibido 15 prisioneros azerbaiyanos. Los cautivos referidos son personas capturadas después de la declaración del 10 de noviembre, procedentes de la región de Shirak de Armenia, quienes se infiltraron en el territorio de Azerbaiyán y cometieron actos terroristas que resultaron en la muerte de 1 civil y 4 militares azerbaiyanos. Por ende, esas personas son consideradas terroristas y actualmente están siendo procesados en Azerbaiyán por sus delitos.
Si el tema de los derechos humanos fuese tan importante para Armenia, deberían hablar de casi 1 millón de desplazados azerbaiyanos que después de tres décadas todavía no pueden volver a sus hogares debido a la total destrucción de los territorios y el masivo minado realizado aquí por Armenia, una circunstancia que, desde la firma de la declaración trilateral, dejó 20 azerbaiyanos (14 civiles) muertos y 85 (16 civiles) gravemente heridos. Sin embargo, Armenia, en una flagrante violación del derecho internacional humanitario, se niega a compartir los mapas de los campos minados.
Armenia se olvida de las atrocidades que cometió contra la población civil a la hora de invadir los territorios azerbaiyanos en 1991-94. Durante aquella invasión, las tropas armenias tomaron como rehenes a más de 4 mil civiles azerbaiyanos, el destino de los cuales hasta la fecha permanece incógnito. Y el genocidio que cometieron en Joyalí en 1992 se considera uno de los más graves crímenes contra la población azerbaiyana durante décadas de agresión armenia. Otra evidencia reciente de esos crímenes son restos de 12 civiles azerbaiyanos descubiertos hace unos días en la aldea de Bashlibel del distrito de Kalbayár, quienes habían sido torturados y asesinados por los armenios en abril de 1993.
Actualmente, todo el mundo observa con mucha indignación el vandalismo cometido por Armenia en los territorios recientemente liberados de Azerbaiyán, con algunas ciudades parecidas al Hiroshima del posbombardeo atómico, donde Armenia destruyó toda la infraestructura e intentó erradicar la herencia histórica-cultural de mi país.
El camino de la paz duradera pasa por el reconocimiento recíproco de la soberanía e integridad territorial de los países. Por ende, Armenia tiene que abandonar su política de agresión y reclamos territoriales contra sus vecinos, preparar su gente a la reconciliación y aprender a vivir en condiciones de cooperación, tal como lo establece la declaración trilateral de 11 de enero de 2021.
