López Obrador entrega en el bastón de mando la carga de ese pasado al que culpó de que no le fuera posible reducir la violencia, combatir la corrupción, romper la brecha de desigualdad, incrementar el acceso a la salud.
Reforma Judicial es la piedra que López Obrador entrega como la joya de la corona con la que condena al país al presidencialismo exacerbado con atajos metaconstitucionales. Esa fue la fórmula probada que el hegemónico priismo ejerció antes de la alternancia. Además, el gobierno de López Obrador logró consumar la militarización que inició con Calderón en tiempos del PAN. Nada más que, con Morena el control del Ejército sobre la seguridad y buena parte de los recursos públicos alcanzó la cúspide con un despliegue territorial, financiero y humano, ni soñado por los panistas.
La Reforma Judicial facilita tanto la incidencia partidista como la injerencia del crimen organizado en el destino de las sentencias. Ambas posibilidades aniquilan la naturaleza de la justicia.
La incidencia partidista apuntala a un blindaje de las decisiones de Estado con la que, de haber contado López Obrador, hubiera podido continuar con su reforma eléctrica o poner a soldados como cabeza de la Guardia Nacional. Con el control de su partido sobre los jueces tampoco se le hubiera obligado a surtir de medicamentos a las y los niños con cáncer, ni se le hubiera prohibido la devastación medioambiental en varias áreas protegidas de la ruta del tren maya. Esas y otras decisiones de la SCJN serán muy fáciles de detener con una reforma como la que ayer aprobaron morenistas y aliados, entre mordidas de taco y siestitas frente a centros florales que decoraban su impudicia.
Por otro lado, la experiencia de la intervención del crimen organizado en los últimos procesos electorales hace sencillo el involucramiento de grupos delictivos para influir en quienes serán los jueces y magistrados a partir de la reforma.
Saturada de criterios subjetivos, esa reforma no ofrece referentes claros para evaluar la idoneidad y capacidad técnica de un candidato a juez, jueza, magistrado o magistrada. En cambio, la carrera judicial, tal y como está formulada ahora, garantiza con elementos objetivos la capacidad de las personas juzgadoras.
Quizá Claudia Sheinbaum confía en que fue electa para garantizar que un Tribunal de Disciplina Judicial persiga a juzgadoras y juzgadores que toman decisiones polémicas, sobre todo si afectan las decisiones de la autoridad. Sin embargo, quizá no se ha percatado de que la propuesta del Tribunal de Disciplina Judicial parte de la posibilidad de que las personas juzgadoras, por más que hayan sido electas, emitan sentencias deficientes, que afecten e incluso destruyan la vida de las personas. Pretenden minimizar ese riesgo enviando al juez o magistrado a una capacitación, como si la deficiente impartición de justicia se resolviera con un tallercito para el juez electo por el pueblo bueno. ¿Permitiría Sheinbaum que las personas más vulnerables, víctimas ya del sistema de justicia, sufran sistemáticamente violaciones de derechos humanos de forma irreparable?
¿No le preocupa tampoco aceptar que en el México que gobernará existan los jueces sin rostro? Esta figura ha sido expresamente condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por ser violatoria de derechos humanos. Además, la inversión nacional y extranjera requiere certeza jurídica para operar y crecer en nuestro país.
Las consecuencias nacionales e internacionales de aprobar esa reforma caerán sobre los hombros de Sheinbaum, aunque ella no haya redactado una sola línea de la propuesta. Ese es el legado que le ha sido entregado y que ella con toda consciencia y voluntad ha decidido continuar.
@MaiteAzuela