La violencia de género está presente en todos los espacios de la sociedad. En algunos de estos espacios, las víctimas y sus familiares tienen menos posibilidades de hacer justicia o visibilizar lo sucedido; ya sea por sus posibilidades económicas o porque no pertenecen a un grupo poderoso de la sociedad. Los casos también se invisibilizan porque los agresores pertenecen a esferas de poder con la capacidad de interlocución con ministerios públicos o distintas autoridades.
Este último es el caso de la teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel, quien hace un mes fue encontrada sin vida en el domicilio de sus padres en Fortín, Veracruz. Esta semana El País presentó una reconstrucción de los hechos narrados por los familiares y personas cercanas a la teniente que tienen una secuencia lógica que da, al menos, para que la Fiscalía y la propia Secretaría de Marina trataran el caso como un posible feminicidio desde el día de los hechos.
Desde el fin de semana de lo sucedido, medios locales de Veracruz ya daban cuenta de la discusión que había tenido la teniente Cházaro con su pareja, el capitán de la Marina Octavio Capetillo. Es común que cuando los reporteros locales de nota roja arriban al lugar o se enteran de los hechos acceden a información de primera mano por parte de testigos o autoridades involucradas en el procesamiento de la evidencia. Uno de esos reporteros locales –del diario Notiver– narró en su nota que “a pesar del hermetismo de las autoridades policiacas, se pudo conocer que la noche anterior, la joven de 29 años de edad, tuvo una fuerte discusión con su pareja, un marino en activo”. ¿Si un reportero tenía esta información es verosímil pensar que las autoridades no la tenían?, ¿por qué ni la Fiscalía veracruzana ni la Marina tomaron cartas sobre el asunto?
Ayer al mediodía, la Secretaría de Marina emitió un comunicado a regañadientes. Quien lea el documento puede notar la actitud con la que la institución se aproxima al caso. En primer lugar, señala que la encargada de investigar el caso es la Fiscalía General de la República (esto supondría un avance si México tuviera una FGR que está dispuesta a avanzar en los casos que conoce). En segundo lugar, y mucho más preocupante afirma que la “institución no tiene competencia legal para pronunciarse sobre la vida personal de los elementos integrantes de esta Fuerza Armada, toda vez que se estaría vulnerando el derecho a la intimidad […] a fin de no generar especulaciones sobre la vida privada y las causas de la muerte de dicha Oficial.”
Un año antes de la muerte de la teniente Cházaro, en una conferencia mañanera del presidente, el secretario de Marina informó que sabían de elementos que vendían indumentaria a grupos del crimen organizado y que eso no sería tolerado en la institución: “afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja […] pero de que se van de la institución, se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro.”
¿Entonces a la Marina le preocupa más identificar y depurar a elementos que se roban los uniformes que a elementos que agreden a sus parejas sentimentales? Supongamos sin conceder que, como dice el comunicado, la Marina no puede entrometerse en la vida privada del personal, esto no se sostiene cuando una teniente aparece sin vida y los relatos alrededor de que la última persona en estar con ella fue su pareja, otro marino.
Si una institución del calado de la Semar voltea para otro lado cuando hay un presunto feminicidio que involucra como víctima y posible victimario a sus elementos, este país con altos índices de feminicidios no tiene para dónde. Por más que investigue la FGR, no se puede llegar a la verdad mientras el robo de uniformes siga siendo más prioritario que la vida y bienestar de las mujeres marinas.
@MaiteAzuela