Históricamente la sociedad ha relegado a ciertos grupos de personas que han tenido que alzar la voz o llevado a cabo acciones radicales para ser escuchados. Muchos, como la comunidad LGBTQ e incluso las mujeres han logrado avances en sus agendas de derechos. Pero hay un grupo que por las condiciones en las que se encuentra es incluso olvidado por la sociedad y los gobiernos, sin la posibilidad de que su voz resuene en las primeras planas de los medios o en los discursos políticos ahora que estamos en periodos electorales: me refiero a las mujeres en prisión.
En el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Morelos, que en sus inicios era el proyecto estrella de cárcel especializada para mujeres hoy es un centro que alberga sufrimiento y negligencia.
Son varios los problemas que se pueden enlistar respecto a la vida de las mujeres recluidas en el CEFERESO 16. Hay uno en particular en el que debe ponerse especial atención y que, de no atenderse, surgiría una crisis sin precedentes en el país y es la salud de las mujeres en prisión.
María Ana del Valle Ojeda, quien es la coordinadora de interacción comunitaria en la ONG CEA Justicia Social afirma que “hay un contexto generalizado de crisis de atención a la salud pública que se muestra en un marco claro violatorio de derechos humanos por omisión y negligencia por parte de las autoridades. En este marco, y estas son palabras textuales de mujeres que han estado en prisión en el CEFERESO 16 lo que necesitas para realmente tener atención médica es ‘estarte muriendo’. Entonces, los casos de salud que podrían prevenirse son llevados a extremos hasta en casos grandes donde está en riesgo la vida.”
Pero la falta de atención a la salud física no es el único problema, también lo es el de la salud mental. El informe especial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura documentó que el 26% de las mujeres privadas de la libertad manifestó tener síntomas de ansiedad mínima; el 20% de ansiedad leve; el 17% ansiedad moderada; en tanto que el 23% refirió ansiedad severa; respecto al 14% restante no se cuenta con información.
Cabe preguntarnos, ¿Se trata de simplemente de falta de medicamentos, atención médica o este es un problema que hay que atender integralmente? Del Valle Ojeda explica que “Esto corresponde a una definición de emergencia sanitaria en el sentido de que peligra la vida de las mujeres que están privadas de la libertad”.
La semana pasada, el CEA Justicia Social emitió un comunicado en el que refiere que desde que las mujeres fueron ingresadas al CEFERESO 16 se les ha negado atención médica, acceso a medicamentos, tratamientos adecuados y de calidad. Cuando se habla de atención médica no hay que limitarse a pensar en la necesidad que tiene una mujer interna de una aspirina debido a un dolor de cabeza. Pensemos en situaciones más graves, ¿qué pasa con una mujer que tiene diabetes o cáncer? Al respecto, María Ana comenta que tienen “información de primera mano de que en un centro del norte del país se requiere tratamiento de insulina y por supuesto que esta insulina no es proporcionada por las autoridades del centro o tiene que ser costeada por familiares o por organizaciones de la sociedad civil”
¿Qué tiene que suceder para que el gobierno federal tome acción? Las consecuencias pueden ser graves. El CEFERESO 16 atraviesa por una emergencia sanitaria que debe ser atendida inmediatamente. La lista de problemas es amplia, pero si las mujeres en prisión no tienen garantizado como mínimo el derecho a la salud, los otros problemas se hacen imposibles de resolver. La emergencia sanitaria se puede convertir en una crisis humanitaria, no debe permitirse.
