Mi mamá y mi papá fallecieron el mismo día, un 21 de enero del 2021 por Covid-19, cuando con los medicamentos disponibles para toda la ciudadanía no se lograba detener el deterioro atroz y veloz que ocasionaba el virus en el cuerpo de las personas adultas mayores. Mis padres forman parte de la inmensa lista de 800 mil personas que murieron a causa de la enfermedad en México. Sin embargo, con la información que ha circulado sobre el privilegiado acceso a medicamentos efectivos contra el virus, resulta inevitable preguntarse si la muerte fue por el virus o por la negligencia gubernamental de detener la distribución de estos medicamentos en lugar de ponerlos a disposición de todas y todos los que tenían su vida en riesgo y no solo para sus allegados.
La semana pasada el portal de noticias de Latinus –durante el programa de mi compañero de estas páginas, Carlos Loret– dio a conocer que de entre todas las personas contagiadas solo hubo una que recibió un medicamento especial: José Ramón López Beltrán.
De ninguna manera cuestiono que las personas que ocupan puestos de alto nivel y sus familias cuenten con apoyos que garanticen su eficiente desempeño al servicio de México. Sin embargo esta decisión de privilegiar a unos cuantos y privar deliberadamente a otros del acceso a un medicamento es algo muy diferente.
“El uso de fármacos que se encuentran todavía en una fase experimental es el caso de remdesivir. Este fármaco posiblemente es prometedor […] todavía son resultados modestos y debemos verlos en esa óptica […] Remdesivir no es un medicamento autorizado para su uso generalizado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces no tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad de que ya muy pronto lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento, y lo digo también –especialmente porque no sería inusual– que empezara a haber presiones de distintos orígenes para que se adquiera ese medicamento o para que se compre ese medicamento”. Estas son las palabras de López Gatell en mayo 2020.
Supongamos que el Remdesivir estaba en fase de ensayo y no había evidencia suficiente en el mundo en mayo que el subsecretario dio esas declaraciones. Lo que es un hecho, es que en octubre del 2020, la Food and Drug Administration (FDA por sus siglas en inglés- institución homologa de la COFEPRIS en Estados Unidos) autorizó el uso de remdesivir para tratamiento de COVID.
En el comunicado de la FDA, del 22 de octubre del 2020, describió que realizó tres ensayos clínicos aleatorios y controlados que incluyeron pacientes hospitalizados de leve a grave. El resultado del primer ensayo fue que “las probabilidades de mejoría clínica en el día 15 también fueron estadísticamente significativamente más altas en el grupo Veklury [Remdesivir] en comparación con el grupo placebo”. El segundo ensayo clínico “no hubo resultados estadísticamente significativamente diferentes”. En el tercer y último ensayo, “no hubo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de recuperación o mortalidad”. Este medicamento fue autorizado incluso para utilizarse en menores de edad.
Pero mientras Estados Unidos daba el paso de los ensayos a la evidencia, apenas 3 semanas de probado el medicamento, aquí Hugo López Gatell lo descarto asegurando que “porque no hay evidencia suficiente de que tengan eficacia para reducir la mortalidad, la estancia hospitalaria, la duración de la hospitalización o la probabilidad de complicaciones”.
Entonces, ¿Por qué se le suministró Remdesivir al hijo del Presidente? ¿por qué se movilizó el ejército para conseguir un medicamento no autorizado? ¿por qué había Remdesivir en territorio nacional sin ser autorizado y suministrado a pacientes hospitalizados?
El saber que López Beltrán fue atendido con un medicamento del cual estaba probada su eficacia tiene que hacernos cambiar la respuesta cuando se nos pregunte por aquellas personas queridas que perdimos en la pandemia. Ahora tendremos que decir: no fue por Covid, fue por la falta de un medicamento disponible solo para los que tienen privilegios.
@MaiteAzuela
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