Llegó la hora, Claudia Sheinbaum es electa Presidenta de México. ¿Iniciará con autonomía y sello propio? ¿Viene algo nuevo para el país o se ajustará sólo a la continuidad? ¿Se construirá un legado diferenciado que apele al compromiso con la democracia y la libertad como Sheinbaum expresó en su discurso el pasado domingo?

López Obrador y Claudia Sheinbaum, como parte de un grupo político de antaño, llevan mucho tiempo esperando este momento. El triunfo de AMLO en el 2018 es menor comparado con lo que hoy tienen en sus manos: la posibilidad de apropiarse por completo del Estado. Nos queda claro que, desde el punto de vista político e incluso jurídico, no es lo mismo dirigir el gobierno a tener el control del Estado.

Lo primero supone únicamente disponer el rumbo del Poder Ejecutivo, de tal manera que su ejercicio es un acto de conducción de la política interna y externa de la nación. Ese Poder Ejecutivo tiene que generar políticas públicas con base en la deliberación que hace con el Poder Legislativo que, aun con mayoría, debiera tomar en cuenta al resto; y acatar indiscriminadamente las decisiones del Poder Judicial. El control del Estado implica concentrar los tres poderes sin posibilidad alguna de que existan contrapesos. De esto se trata el llamado Plan C.

El 30 de abril de este año, el INE informó que la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía se integró por 98 millones 329 mil 591 registros. Al momento de escribir esta columna, el PREP arroja una participación de 55 millones 976 mil 881 votos para presidencia; 55 millones 120 mil 705 votos para el Senado; y 53 millones 891 mil 624 votos para diputados.

Es necesario aceptar que la mayoría de las y los ciudadanos que votaron optó por respaldar a Morena. De esos totales de participación, Morena, PT y PVEM recibieron 33 millones de votos para la presidencia, 29 millones para senadores y 29 millones para diputados. Su victoria es clara, pero su representación no es absoluta. Morena tiene hoy el respaldo de una cuarta parte de la población total. La pregunta es si resulta suficiente para abanderar con la legitimidad el control de todo el Estado.

La nueva presidenta Claudia Sheinbaum tendrá como referente de su investidura el hecho de ser la primera mujer que encabeza el poder ejecutivo, pero no podrá evitar tomar una clara postura para demostrar su talante democrático o suscribir de facto la continuidad de un proyecto autoritario.

¿En caso de contar con la mayoría calificada en ambas cámaras podemos asumir que se cuenta con suficiente legitimidad para desaparecer al Poder Judicial, debilitar instituciones como el INE o a desaparecer otras imprescindibles como el INAI? John Locke decía que la ausencia de controles es lo más dañino para el Estado.

Si el plan de Claudia se convierte en un plan propio y atraviesa por mejorar el sistema de justicia, entonces debe entenderse que el problema no está en la justicia federal, sino en el poder judicial de cada estado, ya que son el primer contacto con la gente y es en donde se resuelven la mayoría de los litigios. Por lo tanto, sería importante que desde la presidencia de la República se gestione con los gobiernos estatales fortalecer los poderes judiciales locales. Seguir apuntando contra la SCJN, no tiene fundamento democrático.

¿No resultaría incongruente debilitar al INE si es la institución que da sustento a la legalidad de su mandato por elección popular? Despreciar la transparencia y la rendición de cuentas de su próximo gobierno sería como aceptar que no confía en la pulcritud de su próxima administración y que prefiere dislocar los procesos de rendición de cuentas a los que obliga el INAI.

Sheinbaum tiene la decisión en sus manos. Veremos si opta por obedecer y emprender el Plan con C de Coacción de derechos y libertades, o iniciar un plan propio con D de Democracia.

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