“Señor presidente, yo vengo representando a miles de madres de familia que están desgarradas por el dolor, por la pérdida de sus hijos. […] Estoy aquí ante usted porque tengo 4 hijos desaparecidos. Hace tres años aproximadamente, dos de ellos, Jesús y Raúl, fueron secuestrados en el estado de Guerrero […] mis otros dos hijos, Gustavo y Luis Fernando fueron secuestrados en el estado de Veracruz hace aproximadamente un año, se comunicaron con mi familia minutos antes de que fueran detenidos en un retén militar […]
Mi primer caso lo conoce la licenciada Marisela porque estuvimos con ella, porque usted me mandó a la SIEDO y allí lo desecharon, sabiendo de antemano que era de delincuencia organizada y que allí tuvieron que haberle dado salida a mi caso, no lo hicieron.
Estuve también en las oficinas del señor Genaro García Luna y de igual manera, no tuve resultados”
Estas palabras no son de un ‘criminal confeso’ ni de un ‘testigo que ha decidido señalar sin pruebas’ a García Luna. Se trata de un fragmento de las palabras que la señora María Herrera pronunció frente al entonces presidente de México, Felipe Calderón, durante los Diálogos por la Paz en Chapultepec en 2011, en los que estuve presente como activista y testigo.
En las palabras de doña María Herrera se encuentra la pieza que no fue puesta sobre la mesa en el juicio contra García Luna en Estados Unidos, pero que el gobierno de México tiene la oportunidad de colocar.
Hace tres años, en una entrevista en Imagen Televisión, el académico y activista Jacobo Dayán afirmaba que “todas las investigaciones son alrededor de dinero, corrupción y tráfico de drogas, la pregunta es; ¿y por qué no hay una investigación sobre los crímenes?”.
Doña María Herrera, frente al entonces presidente de México, no tuvo que decir que escuchó o vio a algún funcionario recibir dinero del narcotráfico, o que se sentó con tal o cual funcionario a negociar el apoyo. Su testimonio fue la descripción perfecta de lo que entonces estaba sucediendo y el gobierno en turno no quería reconocer. La desaparición de los hijos de doña María Herrera –y de muchas otras madres– no solo se trataba del resultado de un contexto de alta criminalidad, se trataba también de la inacción de las autoridades y, a pesar de las debilidades probatorias del juicio, con el veredicto del jurado de la Corte de Brooklyn hoy sabemos que también se debía a la complicidad.
“La política de seguridad dio resultados […] con la información disponible, tomé las medidas de debida diligencia en la integración y operación del equipo de gobierno”, reza el comunicado del expresidente Calderón publicado luego de darse a conocer que el jurado declaró culpable a quien fuera su hombre de confianza para implementar la política de seguridad.
Si hoy le preguntamos a Doña María Herrera, estoy segura de que su testimonio de 2011 no ha cambiado. Lo dicho por Calderón en su comunicado puede ser efectivo si el único punto de referencia es que en el juicio contra García Luna solo desfilaron ‘criminales confesos’. Pero si volteamos al pasado y traemos al presente los testimonios de las víctimas, entonces la culpabilidad contra García Luna no está tan ‘floja’ y Calderón no puede decir que su política dio resultados ni que no sabía que sus funcionarios eran parte del problema. Sobretodo las cifras de homicidios y desapariciones contradicen los “resultados”.
La decisión del jurado es la puerta de entrada para responder a lo que Dayán preguntaba hace unos años y que hoy se vuelve indispensable: dejar de juzgar la guerra como un fenómeno de corrupción para empezar a juzgar los crímenes de los que, partiendo de la decisión del jurado, son tan culpables los cárteles como los agentes del Estado. El trabajo difícil ya lo hizo Estados Unidos, ahora toca que el gobierno mexicano tome la batuta para dar verdad y justicia a las víctimas y reconstruir el tejido social. Seguimos en espera de que suceda.
@MaiteAzuela
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