Propuesta y elegida ministra en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Norma Lucía Piña Hernández se convirtió esta semana en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pero lo más importante, es que se trata también de la titular del Poder Judicial Federal. Una mujer por primera vez preside uno de los poderes de la unión que más autonomía y perspectiva de género necesita.
En su proyecto como candidata a presidir la Corte, la ministra Piña propuso como línea de trabajo la Centralidad de los Derechos Humanos a través de unidades especializadas. En este apartado, Piña Hernández hace énfasis en la obligación constitucional y convencional al momento de impartir justicia en el tribunal que ahora preside. En este sentido, por ejemplo, propone la creación de una Unidad en materia de conocimiento científico y especializado para el fortalecimiento de los derechos humanos; con la finalidad de contar con un equipo de especialistas que trabajen en analizar y elegir la doctrina más adecuada para los procesos constitucionales. Es una propuesta por de más interesante, sin embargo, vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son los temas más urgentes en los que la Corte debe voltear a la doctrina contemporánea para tomar decisiones?
En primer lugar, la prisión preventiva oficiosa. Si la Unidad de especialistas que propone la ministra se materializa pronto, tendríamos que ver al Pleno discutiendo sobre la doctrina más actual del tema. En la última discusión sobre esta medida cautelar, las y los 11 ministros de la Corte no pudieron ponerse de acuerdo con respecto a la constitucionalidad de la figura. Norma Piña comienza su gestión como presidenta del poder judicial con un artículo 19 vigente y con un precedente de sesión del pleno donde prácticamente la Corte se declara incapaz de pronunciarse sobre un tema que la doctrina ya agotó: ¿para esto servirá la nueva unidad de especialistas? ¿Cómo se materializará el trabajo de la Unidad para que un juez de control no imponga la prisión preventiva de manera automática, sino que tome en cuenta la doctrina más avanzada?
En segundo lugar, la militarización. A finales del año pasado, el pleno de la Corte discutió la controversia constitucional 90/2020 sobre el acuerdo presidencial para utilizar a las Fuerzas Armadas de forma permanente en tareas de seguridad pública. Falta espacio en esta columna para analizar puntualmente la sesión, sin embargo, vale la pena precisar –como lo ha hecho el Centro Prodh– que “no está dicha la última palabra sobre la profundización de la militarización […] ni sobre la función de las Fuerzas Armadas en nuestro orden constitucional” (Nexos, dic 2022). Para ello también debería ayudar la nueva unidad de especialistas que propone la presidenta Piña. La doctrina sobre seguridad ciudadana en el mundo ha dejado a un lado el paradigma de militarizar las tareas de la policía, por lo que no se trata ya solamente de revisar los alcances constitucionales (si se permite o no) sino de que la Corte esté a la altura de la discusión internacional sobre los modelos de seguridad que sí funcionan. ¿Para esto servirá la nueva unidad de especialistas? ¿Cómo resolverá el juez de distrito que conozca los amparos presentados por la Ibero Puebla por la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena?
En tercer lugar, la “legalización” de la marihuana. Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado amparos a personas en lo individual para el uso recreativo de la cannabis, también es cierto que el Poder Judicial no ha logrado incidir en los proyectos de políticas públicas sobre el consumo de marihuana. Desde que en junio del 2021 el Pleno resolvió invalidar la prohibición absoluta contenida en la Ley General de Salud para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo, no hay hasta el momento políticas públicas generales que permitan a la ciudadanía ejercer el libre desarrollo de la personalidad a plenitud, por el contrario, continúan cientos de detenciones por posesión simple. ¿Los especialistas de la Unidad que está por crearse trabajarán en información de utilidad para los otros poderes de la unión?
Sin duda alguna, la intención de crear una unidad de conocimiento científico es acertada. Lo será aún más, si gracias a esa nueva unidad administrativa la Corte de México logra superar estigmas que en otras partes del mundo la doctrina ha rebasado, para con ello garantizar el acceso a la justicia de las personas que son juzgadas o acuden al Poder Judicial para el cobijo de la ley.
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