Amanecí antier con un dato de los que estremecen, y es que los datos nos estrujan las vísceras o nos apachurran el corazón, pero después tenemos que seguir con nuestras actividades y preocupaciones cotidianas. Este no suelta mi consternación: el Covid-19 ha cobrado la vida de más de 600 niñas, niños y adolescentes en México. Se nos vendió la idea de que los síntomas son más leves entre los niños y jóvenes. La cifra de infantes contagiados rebasa los 60 mil, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud dados a conocer por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
El gobierno insistió: “No hay evidencia de epidemia por Covid en niños”. Considerar a las y los niños como población vulnerable fue la razón de la suspensión de clases, pero hasta muy tarde se convirtió en una urgencia para la planeación de la compra y distribución de vacunas. Si bien la mortalidad de Covid-19 en niños es menor, es una enfermedad que puede dejar secuelas importantes. El gobierno del Estado de México tendrá también que rendir cuentas por acumular el mayor número de menores de edad que han perdido la vida por Covid-19.
Hoy las niñas y niños contagiados con complicaciones por Covid-19 enfrentan la saturación de hospitales pediátricos y maternos-infantiles. Sólo en la Ciudad de México se cuadruplicaron los casos de contagios en esta edad poblacional, al pasar de cuatro a 17 en un mes, del 11 de julio al 13 de agosto, ese día la pandemia rompió el máximo récord de casos, cuando registró 22 mil 711 contagios en 24 horas y superó los 3 millones, en el país se hospitalizó a otros 244 menores, un promedio de 61 casos diarios.
Además de esta devastadora realidad nos enfrentamos a la crisis educativa y de salud mental que atraviesan las y los niños tras más de un año de no poder asistir a clases presenciales. La brecha de desigualdad educativa sigue aumentando, especialmente entre los más pobres. Nuestras autoridades de salud y de educación deben compartir criterios claros para ofrecer a la ciudadanía una solución a la crisis de educación sin poner en riesgo la salud de la infancia.
Algunos datos de lo que esta crisis educativa representa los ha integrado la Red por los derechos de la infancia Redim: El cierre de escuelas en todo el país afectó a 37 millones 589 mil 611 alumnos y alumnas en México (Unesco, 2020). Por otro lado, 48.5% de familias que participaron en la Encovi-19, reportaron dificultades para continuar con la educación por falta de una computadora o internet (2020). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó que 1.4 millones de hogares todavía no cuentan con señal de televisión digital (SST, 2018). El Inegi reporta que solo 44.3% de los hogares del país disponen de computadora (Inegi, 2019) y sólo 52.9% de las familias en México tiene acceso a internet mediante conexión fija o móvil (Endutih, 2018).
Muchas de las escuelas públicas dejaron de ofrecer mantenimiento a sus instalaciones y ahora se hace necesario no solo garantizar la higiene y ventilación óptima, sino que es urgente invertir en el acondicionamiento de los espacios y en la compra de filtros, monitores de calidad del aire, pruebas rápidas y cubrebocas suficientes, todo esto mientras se esclarece el proceso de vacunación para menores de edad.
Lanzar a los estudiantes y al profesorado a las aulas tendría que venir con el ejemplo del uso de mascarillas que los gobiernos dan en todas y cada una de las conferencias de prensa. No es posible que a más de año y medio de pandemia sigan desestimando el uso de mascarillas y la importancia de la ventilación, jugando con semáforos de falsas referencias y dándole prioridad a tapetes sanitizantes y desinfección de superficies. La comunicación ha sido criminal, confusa y poco científica. Si no les son suficientes más de 600 muertes de menores de edad ¿Qué más requieren para detener su negligencia?
@MaiteAzuela