Ayer el presidente López Obrador se presentó al funeral de su amigo. Pero en vez de ofrecer un mensaje de reconciliación para la ciudadanía poblana, el presidente piensa que incluso la muerte del gobernador se trata de él y prefiere enfatizar en que Barbosa fue quien impulsó la marcha del 27 de noviembre, conocida como la revancha de las marchas. Mucho nos dice el discurso de un presidente que, ante el deceso de un camarada de partido, continúa sembrando discordia y elevando el ánimo de resentimiento.
No es momento de editorializar sobre Miguel Barbosa Huerta, por respeto a él y al dolor de su familia no es necesario hoy hablar sobre lo que hizo bien o mal como gobernador de Puebla. Sin duda alguna, se trata de un político representativo de la izquierda mexicana, un legislador con oficio para generar acuerdos con las fuerzas políticas; bajo esa consideración habrá que recordársele. Hablar bien o mal de alguien que murió y que no puede defenderse, no es un asunto de interés público. Ya los hechos darán testimonio de lo que deja para Puebla, la ciudadanía e incluso para la política interna.
No obstante, la muerte del gobernador sí tiene una dimensión de interés público. Se trata del segundo gobernador consecutivo de Puebla que no pudo concluir su mandato debido a su muerte. Hay quienes afirman que los proyectos políticos no pueden culminarse debido al poco tiempo que duran los mandatos de gobernatura o presidencia. Imaginemos lo que significa el hecho de ni siquiera poder concluir ese breve mandato.
Tanto Martha Érika Alonso como Miguel Barbosa Huerta –nos gustaran o no sus proyecciones de políticas públicas– querían conducir a Puebla a una situación de estabilidad de la que hoy se encuentra lejos. Dos proyectos políticos frustrados significan estancamiento en el desarrollo de políticas públicas para la ciudadanía.
La constitución de Puebla establece que el Congreso del estado deberá convocar a la ciudadanía para elegir a la persona que ocupará el lugar de Miguel Barbosa únicamente por el periodo respectivo del gobernador fallecido. Estamos hablando de que la estabilidad política del estado de Puebla podría empezar su nuevo proyecto hacia enero del 2025. De modo que los próximos dos años existe el riesgo de que veamos una Puebla polarizada y sin mucho margen de gobernabilidad para quien ocupe el cargo de gobernadora sustituta.
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project sitúa al estado de Puebla en el lugar 27 a nivel nacional de límites al poder gubernamental y 24 en ausencia de corrupción. En el lugar 10 de gobierno abierto y en el lugar 31 de respeto a los derechos fundamentales. Por mencionar algunos. En resumen, Puebla se encuentra reprobada en aspectos fundamentales del Estado de derecho tales como orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
¿Quién saldrá al rescate de Puebla? Definitivamente no se trata del único estado con problemáticas sociopolíticas, sin embargo, las fuerzas políticas del país deben poner especial atención en las estrategias que a partir de la muerte de Barbosa vayan a emprender.
Urge para todo el país un mensaje para resaltar las coincidencias, el ánimo de desarrollo y solidaridad que México merece. Al menos en el caso de Puebla sería pertinente que desde el Ejecutivo Federal veamos un mensaje de reconciliación para los poblanos y poblanas. Este requerimiento aplicaría indudablemente de igual forma para la oposición, que desde el resto de las fuerzas políticas adversas a Morena no traten de hacer leña del árbol caído, sino que ambos impulsen un proyecto, al menos en esa entidad federativa, en favor de la ciudadanía. Que sigan el ejemplo de Miguel Barbosa, un político de izquierda que en tiempos del peñanietismo, fue un férreo impulsor del Pacto Por México que, bien o mal, era un proyecto de articulación entre los diversos.
En este momento, Puebla no debería ser un estado más para ganar, como lo es, por ejemplo, el Estado de México el siguiente año. Puebla puede ser el símbolo de que los partidos políticos pueden hacer a un lado sus intereses por el poder para privilegiar el compromiso de sacar adelante a un estado que no ha logrado despegar un proyecto social.
@MaiteAzuela
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