Si bien no tiene caso detenernos en el discurso fuera de lugar y de tono que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU, es imperante que revisemos los principios que Juan Ramón de la Fuente subrayó en su discurso frente al Consejo de Seguridad de la ONU, ya que delatan la colosal contradicción que de facto tiene México en su estrategia nacional de seguridad.
De la Fuente comenzó priorizando la protección de civiles. Sin embargo, las cifras de asesinatos en nuestro país superan los 100 mil en lo que va del sexenio actual. Tan solo en lo que va de 2021, se han reportado 26,154 víctimas de asesinato según el informe del SESNSP, lo que implica un promedio de 95 diarios.
Para los civiles que corren con la suerte de ser víctimas de delitos que no les arrebaten la vida, el robo con violencia, el narcomenudeo y la extorsión registran incrementos del 9, 8 y 6%, respectivamente. De enero a septiembre de 2021, la trata de personas registra 13% más que en el mismo periodo de 2020. Esto considerando obviamente las denuncias formales, porque la ENVIPE 2021 estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las Fiscalías durante 2020 fue de 93.3% a nivel nacional.
Otro punto en el que De la Fuente asegura que la política de seguridad debe sostenerse, es la defensa del estado de Derecho. En México tenemos un índice de 98% de impunidad y es el quinto peor país del mundo en corrupción, según The World Justice Project. Las decisiones en materia de seguridad pasan en muchas ocasiones por encima de la legalidad.
Por lo que respecta a la política feminista, México es uno de los países más violentos para ser mujer, durante el sexenio de López Obrador desde el 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2020 se han registrado 7,424 feminicidios en el país, lo cual da un promedio de 11 asesinadas al día. A pesar de eso, López Obrador dice que el feminismo es una conspiración neoliberal. Nada más alejado de una política feminista de seguridad que una estrategia militarista. Los militares cada vez avanzan más hacia el control de la vida civil del país, construyendo un entramado que lejos de ser democrático, solo se ve en dictaduras. De acuerdo con la activista Marcela Villalobos: “la militarización encuentra su punto de convergencia con el patriarcado al replicar el sistema de dominación y opresión sobre el control de los cuerpos e identidades de las mujeres. Mientras el gobierno siga con esa estrategia patriarcal de militarizar la seguridad pública y no se apueste por políticas de seguridad con perspectiva de género, las violencias contra nosotras seguirán en aumento”.
México ha depositado la responsabilidad de la seguridad pública en las fuerzas armadas, sin que tenga una sola evidencia de su efectividad y con resultados catastróficos en los últimos años. Causa en Común estima que el impacto económico de la violencia en México representa alrededor del 10% del PIB. El impacto económico del homicidio en el país ha aumentado 156% desde 2017, posicionándose con el mayor incremento entre los países de América Latina y el Caribe. A pesar de la evidencia, se sigue dando mayor independencia y menor supervisión a las actividades de las fuerzas armadas, lo cual no solo tiene impacto en el fracaso de la política pública de seguridad, sino en el fortalecimiento del Ejército y la Armada cada vez más irreversible. Se ha abandonado a las policías tanto presupuestalmente como en el debilitamiento de su profesionalización.
La ausencia de propuestas para una estrategia de seguridad global, en la presentación de López Obrador hace contraste con el énfasis de principios que planteó De la Fuente, quizá porque la realidad nacional se parece más a ese forzado y descolocado discurso que ofrece propuestas populistas trilladas, pero nada, absolutamente nada para garantizar seguridad.
