La primera fase de la elección judicial concluyó el domingo pasado. Luego de la gran polarización que generó el proceso legislativo para llevar a cabo la reforma, esta primera etapa correspondiente a la convocatoria también ha dejado de qué hablar.
Uno de los principales aspectos importantes a destacar es que la única convocatoria que hasta el momento ha sido totalmente transparente es la del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Desde que inició la convocatoria fue posible para cualquier ciudadano consultar la lista de personas aspirantes a los distintos cargos.
Como en cualquier proceso electoral, la ciudadanía tiene la posibilidad de saber quiénes son las personas interesadas en ser candidatas. Desde el punto de vista político, sabemos lo importante que es el momento de las precandidaturas en una elección, pues la ciudadanía se puede ir haciendo una idea de quiénes serán las personas por las que puede votar.
Sin embargo, la transparencia del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no se ha reflejado en los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Hasta el día de hoy, la única fuente de información de la convocatoria en aquellos Comités es lo que han dicho públicamente Arturo Zaldívar y Gerardo Fernández Noroña.
La opacidad de los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo es algo así como si los partidos políticos se reservaran hasta el último minuto y dilucidaran en lo oscurito quiénes serán sus candidatos y candidatas. Su falta de transparencia ha provocado que en estos días se les señale de inflar los números de aspirantes que se registraron en sus convocatorias.
La etapa subsecuente es la revisión y análisis de los perfiles y documentos de cada una de las personas aspirantes. Desde que la reforma fue aprobada se cuestionó la idoneidad de algunos requisitos que las y los aspirantes debían cumplir. ¿Cómo es que las cartas de cinco vecinos o colegas funcionan para determinar la idoneidad y conocimientos de una persona juzgadora? ¿Cómo es que esas cartas, junto con un simple ensayo de buenas intenciones, es suficiente para determinar que la persona que saldrá a las elecciones es la mejor opción que tuvimos?
El único Comité que se propone un mejor filtro de idoneidad es el del Poder Judicial, ya que realizará un examen escrito de conocimientos.
Para saber cómo lo van a hacer los Comités del Ejecutivo y Legislativo presenté una serie de solicitudes de transparencia (a través de la todavía existente Plataforma Nacional de Transparencia) para preguntarle a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Oficina de Presidencia; cuál sería la metodología para determinar la idoneidad de las personas, y que remitieran las rúbricas y/o escalas que usarán para calificar a los candidatos.
En sus respuestas a mis solicitudes, la Cámara de Diputados se declaró incompetente y que preguntara al Senado. El Senado me previno para que explicara bien qué información es la que pedí, ya que ellos solo pueden entregar la información que exista en sus archivos. En Oficina de la Presidencia me dijeron que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo no es un sujeto obligado a transparentar la información en su posesión.
Todo esto es gravísimo. ¿Significa que las autoridades se van a lavar las manos y no van a transparentar la metodología ni las evaluaciones? ¿Cómo sabemos quiénes realmente se inscribieron? Pero lo más importante, ¿cómo sabremos que las personas que elija el Comité de Evaluación del Ejecutivo y Legislativo para aparecer en las boletas, realmente fueron las que resultaron más “idóneas” y tuvieron una mejor calificación, y no los amigos escogidos delicadamente por el poder?
Ojalá los integrantes de los Comités de Evaluación reflexionen y transparenten toda la información que la ciudadanía debe conocer como en cualquier otro proceso electoral.
@MaiteAzuela