México aparece en varios diarios internacionales con una identidad aterradora: más de cien mil personas desaparecidas. Coincidentemente el gobierno actual ha decidido optar por una política de seguridad militarizada que no ha abonado a la identificación del destino de las personas desaparecidas, sino que, incluso en algunos casos, ha ocultado información determinante para las investigaciones.
La semana pasada el gobierno reveló información que la Sedena escondió durante todos estos años sobre el caso Ayotzinapa, pese a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había señalado la importancia de contar con cualquier registro que el Ejército tuviera sobre el posible paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. De esa información publicada la semana pasada, le corresponderá a la Fiscalía General de la República dilucidar si es nueva, consistente o incongruente con lo que se ha investigado hasta ahora.
Lo alarmante es que los documentos, que apenas entregó el Ejército, están fechados el 26 de septiembre y 4 de octubre, ambos de 2014; días fundamentales para la búsqueda de los estudiantes. El Ejército decidió deliberadamente no colaborar con las investigaciones, pese a que, en tiempo real, conoció lo que estaba sucediendo, supo quiénes estuvieron involucrados y las posibles rutas de desaparición de los estudiantes. El documento es un reconocimiento de responsabilidad del Ejército, pues los militares son servidores públicos y ocultaron información. Esto es a todas luces un delito.
Por otro lado, en algunas de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018, con al menos 60 víctimas, estuvo involucrada la Marina. No todas las familias quisieron denunciar, para quienes lo hicieron hubo represalias muy fuertes. La ONU, a través de su oficina de derechos humanos, recomendó al gobierno hacer investigaciones exhaustivas sobre desapariciones atribuidas a “un cuerpo de seguridad”. La CNDH resolvió el caso sólo de 27 víctimas. La Fiscalía General de la República realizó 30 detenciones en las que se involucraron a marinos de alto nivel. Este mes debe reanudarse el juicio, me comenta en entrevista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Cuando le pregunto si la Marina ocultó información me responde de inmediato: “¡Claro! Primero negó su participación, después atribuyó las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales al crimen organizado y criminalizó a las víctimas, al señalarlos como responsables. Después de las investigaciones, la Marina con el gobierno local y municipal tuvieron que pedir disculpas públicas a las víctimas por parte de un grupo de operaciones especiales de la Marina en Nuevo Laredo”.
Una vez elegida la ruta de contar con un cuerpo castrense para debilitar al crimen organizado, lo más fortalecido es el mecanismo de desaparición de personas, y lo que ha debilitado es el tejido social.
En su libro Una historia de la desaparición forzada en México, Vicente Ovalle escribe sobre la represión estatal y la comisión de graves violaciones a derechos humanos focalizada en grupos políticos disidentes y subversivos de las décadas de los años 60, 70 y 80, cuando el Estado mexicano adoptó estrategias donde la desaparición forzada fue una de sus tácticas. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso que el Ejército habría cometido desapariciones forzadas en esta época. Sin embargo, las familias de los desaparecidos de esta época no han podido acceder a los impenetrables cuarteles militares y sus archivos.
Llama la atención el espaldarazo económico y de participación activa en las políticas públicas que este gobierno ha otorgado a las fuerzas armadas. Es aún más alarmante que después de anunciar el desacato que el Ejército tuvo al ocultar la información tras la orden de entregarla, se le siga considerando el aliado prioritario, honrado y confiable que merece esta administración.
@MaiteAzuela