La próxima semana comenzará en Washington el 189 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El miércoles 28 de febrero le tocará a México rendir cuentas sobre dos temas que han rebasado a esta administración: el primero, la protección de mujeres buscadoras; el segundo, la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El ejercicio será el siguiente: en una mesa estarán sentadas algunas víctimas y organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos en México. Del otro lado, estará sentado el Estado, representado, muy probablemente, por funcionarias y funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos (Segob), de la inoperante Comisión Nacional de Búsqueda, alguien del Mecanismo de Protección, algún representante de alguna Fiscalía, y uno que otro perdido de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales (SRE). En la mesa de enmedio, se sentarán las comisionadas y comisionados de la CIDH, escucharán lo que tengan que decir las víctimas, las organizaciones y el Estado. Y harán preguntas.
Las dos audiencias de México son importantes por varias razones. La primera y la más importante es que la voz de las víctimas será escuchada en un organismo internacional, donde el gobierno no tiene control sobre el micrófono. Las mujeres buscadoras tienen mucho que decir luego del maltrato institucional por parte del gobierno de López Obrador. Desde no recibirlas hasta no cuidarlas frente a las amenazas del crimen organizado. Amenazas que en algunos casos se han materializado, incluso, con el asesinato de algunas de ellas.
El segundo aspecto importante de la audiencia será todo aquello que las organizaciones de derechos humanos mexicanas compartan, desde el punto de vista técnico y con documentación en mano, con las comisionadas y comisionados de la CIDH.
El tercer factor será clave: ¿qué dirá el Estado mexicano ante los asesinatos y hechos de violación a los derechos de madres buscadoras? Apenas hace dos semanas fue asesinada Angelita Meraz León, quien encabezaba el colectivo de Madres Buscadoras en Baja California. Sin ninguna investigación con perspectiva de derechos humanos, el presidente López Obrador se atrevió a decir que “todo indica que no hay relación con lo que ella hacía”.
En mayo de 2023 también fue asesinada Teresa Magueyal en Celaya, Guanajuato. A doña Tere la mataron mientras viajaba en su bicicleta, a plena luz del día y frente a otras personas que se encontraban en la calle por donde circulaba. Al respecto, el Presidente dijo que el asesinato era una “herencia que dejaron estos gobernantes corruptos e irresponsables”.
Para la segunda audiencia, sobre Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas, también hay preguntas al gobierno. La criminalización a defensores y periodistas no solo se ha mantenido en este gobierno, sino que ha empeorado al punto de señalarles desde el púlpito presidencial con nombre y apellido.
En su libro “¡Gracias!” el Presidente dedica una página para criminalizar al defensor de derechos humanos y actual rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón, así como al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los acusa de pertenecer a lo que él llama “el bloque de conservadores” y adjetivando su trabajo de defensores como “una irresponsabilidad criminal” ¿Tendrá este gobierno la cara para negar que es un acto de hostigamiento contra Mario Patrón y el Centro Prodh?
Las audiencias de la CIDH son importantes siempre. Lo son más, en estos momentos donde la política de derechos humanos en México se encuentra a merced de las denostaciones desde la Presidencia. Ojalá que la CIDH tome medidas para proteger a quienes este gobierno agrede y vulnera todos los días.
@MaiteAzuela