Se acabó la autonomía e independencia del Poder Judicial. Esta es la decisión de Andrés Manuel López Obrador. Hoy por la tarde se dio a conocer la terna de abogadas que el presidente envió al Senado de la república para elegir a quien ocupará el cargo de ministra de la Suprema Corte en sustitución de Arturo Zaldívar.
Luego de la renuncia de Zaldívar, se daba por sentado que la abogada Ana Laura Magaloni Kerpel tenía cantada su oficina en Pino Suarez 2. No solo por ser una abogada con mucha preparación académica y carrera profesional, sino porque ya había figurado en la terna de 2019 donde resultó electa Margarita Ríos Farjat. Sumaba puntos que, durante el último año, Magaloni se ha vuelto muy cercana a Claudia Sheinbaum.
Pero Andrés Manuel no solo tiene otros datos, también tiene otros planes. Y uno de esos atraviesa por que la próxima ministra no sea cercana a Claudia, sino a él. Por más que las y los defensores de Morena digan lo contrario, no hay ninguna otra razón política que explique la necesidad que tiene Andrés Manuel de controlar la Corte en su último año de gobierno. Esto es algo que va más allá.
Y es que la terna está conformada por Bertha María Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria en la Cofepris y hermana de la secretaria de Gobernación; Lenia Batres Guadarrama, consejera en la Presidencia de la República (segunda al mando de María Estela Ríos) y hermana de Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno; y por último la propia María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de la Presidencia, o sea artífice de las patrañas legales que se han visto en los últimos años.
Habrá quien diga –como lo hizo cuando lo señalé en el proceso de selección de consejeros y consejeras del INE– que las relaciones familiares o personales no tienen que ser tomadas en cuenta para ocupar un cargo público. Quien afirma esto niega al mismo tiempo la naturaleza y la razón por la cual las instituciones fueron creadas como las conocemos, o como las conocíamos.
El Poder Judicial, federal o local, está basado en el sistema de pesos y contrapesos que cualquier democracia real debe tener. La autonomía e independencia de la que debe gozar el Poder Judicial y quienes forman parte de él no puede ser trastocada por alguno de los otros dos poderes, ejecutivo o federal.
La terna de López Obrador viola los principios de autonomía e independencia. En efecto, importa, e importa mucho, la capacidad técnica (la cual no pongo en duda de ninguna de las tres aspirantes). Pero en el cargo de ministra del máximo tribunal constitucional se requiere de forma indispensable un perfil autónomo e independiente. Ninguna cumple con él.
Para quienes quieran asegurar que eso no se puede saber ahorita, habrá que decirle que el conflicto de interés se presume. El propio Consejo de la Judicatura lo define como una “posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
El Senado debe rechazar esta terna. Si lo de Magaloni ya era grave por su cercanía con Claudia, la terna de López Obrador rebasa cualquier expectativa de descaro en el afán de controlarlo todo.
@MaiteAzuela
