El lunes por la mañana el presidente intentó deslegitimar la marcha ciudadana del domingo, sin embargo el impacto fue tan contundente que hoy jueves 17 de noviembre se ha desdibujado el objetivo de López Obrador al grado de que admitió que su propuesta no se materializará en una ley secundaria.
Tan raquítica es la agenda y tan escuetos los logros, que la narrativa cotidiana no puede escaparse de la polarización a partir de la imagen del Presidente . ¡Estas con él o contra él! Cualquier análisis profundo sobre los contenidos e implicaciones de la reforma electoral queda diluido en el narcisismo que se alimenta de fanatismo. Cuando el ego se disloca la ilusión de medir el tamaño de su impacto en las masas se hace presente.
López Obrador convocó a una marcha el 27 de noviembre para salir del Ángel de la Independencia al Zócalo y anunció que él mismo la encabezará. El Presidente cree que el impacto de una marcha como la del domingo se mide por el número de ciudadanas y ciudadanos que acuden a ella. Consciente de la aprobación que tiene como presidente en las encuestas, considera que llevando esa aprobación a la calle para caminar con él, opaca la marcha en defensa del INE . No se detiene un solo minuto a pensar que la protesta para defender al INE pudo tener entre sus integrantes a muchos opositores históricos, a los arrepentidos de votar por él o incluso a quienes todavía se identifican con su proyecto pero que coinciden en que no quieren poner en riesgo la pluralidad del espectro político .
Incluso al interior de Morena se empieza a tambalear la conversación. Ricardo Monreal tachó de inconstitucional el Plan B de López Obrador, ya que el corazón de la Reforma Electoral del presidente no puede avanzar en una ley secundaria. Monreal homologa la Reforma Electoral con la frustrada Reforma Eléctrica. No va a pasar porque sin el PRI, Morena no puede modificar la Constitución.
Otra que se ha subido a la conversación excediendo sus facultades es la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Hoy, la CNDH se involucra en la defensa de la reforma electoral a sabiendas de que atenta contra los derechos políticos de la ciudadanía.
La elección directa de consejeros y magistrados electorales es una de las más grandes barbaridades desde el punto de vista legal y como política pública. Los cargos de elección popular no suponen que la persona que se postula sea experta y cuente con las credenciales para ocupar el cargo. Basta con el apoyo en las urnas. Un tema tan delicado como el derecho electoral no puede quedar en manos de una persona que no sepa de derecho electoral, así de sencillo.
El mecanismo de elección popular del poder legislativo permite que éste, a su vez, manifieste la voz de la ciudadanía cuando se trata tomar decisiones de la vida pública del país, como el caso electoral . Entonces, resulta innecesario un voto popular para tomar una decisión que ha funcionado en manos del legislativo. Que no le gusten al presidente las personas consejeras y magistradas, es distinto.
Imaginen a quienes postularían como posibles consejeros electorales ¿a Salgado Macedonio o a Layda Sansores ? Quienes defienden la reforma y denuestan un movimiento como el del domingo, tienen que entender que defender al INE no es defender una institución, ni su presupuesto, ni a las personas que forman parte de él. Defender al INE es defender las certezas fundamentales que en materia electoral tiene la ciudadanía, no solo para garantizar los resultados transparentes y legales de las elecciones, sino para asegurarse que el gobierno en turno no tiene en sus manos el control electoral del país.
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